El Poder Judicial no es ajeno a los tiempos de ajuste que corren. En medio del Pacto Fiscal que ahoga a la mayoría de los distritos y de un ataque deliberado del Gobierno y su conjunto cercano de medios hacia los empleados judiciales, llegaron las intenciones de reducción de puestos de trabajo.
Es que en momentos en los que el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju-CABA) reclamaba la reapertura salarial para tratar, entre otros temas, «la licencia por violencia de género, por las confirmaciones en los cargos interinos, por el pase a planta de los/as contratados», el Consejo de la Magistratura, a pedido del oficialismo, lanza un agresivo plan de achique.
Desde el gremio ya habían realizado tres paros sin concurrencia (con más de un 90% de acatamiento), cuatro ceses de actividades y cuatro movilizaciones (al Congreso de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la CABA), denunciando la injerencia directa de Cambiemos en el Poder Judicial.
En ese contexto, el viernes 22 de diciembre, el Consejo de la Magistratura intentó tratar en su reunión plenaria una «plan» de ajuste que «por primera vez en su historia institucional», pone en riesgo centenares de puestos de trabajo a través de dos figuras: «El Retiro Voluntario y la Jubilación compulsiva»
El Plenario no se pudo desarrollar por la movilización sindical, pero desde el gremio que lidera Vanesa Siley advirtieron: «seguimos en estado de alerta».
«Por primera vez terminaremos el último día del año de paro, con las afectaciones que dicha medida implica para el justiciable», explicaron los judiciales, en una carta abierta que circuló ayer.
«Será el último paro del año, pero no de la lucha, que deberá encontrarnos en febrero más unidos que nunca», concluyeron desde el gremio que cree que Cambiemos, a través del Consejo de la Magistratura volverá a la carga en pos de reducir puestos de trabajo en el futuro cercano.