Los inspectores del organismo encontraron 40 empleados sin registrar de nacionalidad boliviana, paraguaya y peruana que realizaban sus tareas sin ninguna medida de seguridad y expuestos a potenciales accidentes de todo tipo.
La totalidad de los establecimientos eran administrados por una familia de origen coreano y se detectaron instalaciones eléctricas defectuosas, matafuegos vencidos y cámaras de seguridad para controlar a los trabajadores, cuyas jornadas laborales alcanzaban las 12 horas y eran remuneradas con salarios por debajo del convenio colectivo.
La AFIP procedió a la clausura de uno de los talleres dando intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Económico de turno, a cargo de Marcelo Aguinsky, quien avaló la decisión.
Asimismo, el organismo presentó ante la Justicia una denuncia por reducción a la servidumbre, basándose en el testimonio de los trabajadores, las extensas jornadas laborales y las precarias condiciones en que desarrollaban sus tareas.
Además, se dio intervención tanto a la Dirección Nacional de Migraciones como a la Dirección de Seguridad e Higiene del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.