El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas recibió una denuncia donde se manifestaba que en un predio donde se cultiva tabaco ubicado en la ruta 44 del departamento de Monterrico, provincia de Jujuy, trabajarían niños menores de entre 12 y 16 años y varios trabajadores y trabajadoras que serían explotados laboralmente.
A partir de la denuncia el Comité Ejecutivo, por intermedio de su Delegada en la precitada provincia, coordinó un operativo para fiscalizar el establecimiento tabacalero junto con autoridades del RENATRE, de la UATRE, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación y la Policía Federal Argentina.
De la fiscalización se pudo constatar que los trabajadores percibían salarios muy por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que realizan extensas jornadas laborales que superan ampliamente las 8 horas permitidas por la ley y que vivían en su lugar de trabajo en condiciones deplorables.
Sólo para mencionar un ejemplo se pudo constatar que una familia tenía que recorrer 200 metros desde su habitación para llegar a una letrina, no poseían ni agua ni luz eléctrica.
Además, el empleador les descontaba de su salario la comida que tenían que comprar al patrón de la finca y el alquiler de la habitación.
Además, los trabajadores le manifestaron a los inspectores que no se les permitía ir al baño mientras trabajan. También había menores de edad que realizaban tareas bajo las mismas condiciones detalladas.
Ante este contexto, las autoridades presentes realizaron la denuncia a la LINEA 145 quién dio intervención a la Fiscalía Federal de Jujuy a cargo de Federico Zurueta.
El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, dependiente de la Jefatura de Gabinete, viene coordinando acciones con los distintos organismos con poder de policía para fiscalizar con el objetivo de combatir y erradicar la explotación laboral en sus diversas formas, denunciando ante la justicia todas aquellas situaciones de explotación que lleguen a su conocimiento. Además, coordina la asistencia a las víctimas con los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales que correspondan.