Los representantes del gremio aceitero y de las cámaras de la actividad continuarán hoy las negociaciones en el Ministerio de Trabajo bajo la supervisión del propio ministro Carlos Tomada, luego de negociar ayer sin alcanzar aún un acuerdo de recomposición salarial paritario.
La huelga general cumplió hoy su 22° día, la más prolongada de los últimos años, y también están bloqueados los puertos.
«Se procura quebrar la organización y las conquistas de los trabajadores», señaló Adrián Dávalos, secretario Gremial de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA).
La organización demanda un ingreso inicial de 14.931 pesos (un 42 por ciento), que defiende por surgir de calcular el salario mínimo, vital y móvil, de acuerdo con «la Constitución Nacional».
La mayoría de las fábricas están paralizadas desde hace 22 días y, el gremio, continúa reclamando una mejora superior al 27 por ciento, aunque mañana continuarán las negociaciones en Trabajo.
«Existe un techo para que los acuerdos salariales no superen el 27. En el caso de la negociación aceitera es evidente. Es el conflicto más extenso del sector. Con lo que se pierde por tener los barcos parados se paga el aumento», aseguró el dirigente.
«La Federación reivindica el salario mínimo, vital y móvil como columna vertebral. Luchó y terminó con los haberes de miseria y la tercerización en el sector, recuperó las categorías, decide respetando a las asambleas y plantea ejes de lucha que, cada vez más, son tomados en cuenta por obreros de otros sectores», dijo.
Dávalos explicó que «las empresas pueden pagar lo reclamado, porque el costo salarial no alcanza el medio por ciento de su facturación. Esa mejora no daña a la economía nacional», expresó.
El sindicalista aseveró que aunque es cierto que «el precio de la materia prima bajó, los del aceite se mantienen, e indicó que el gremio «no discute aumentos que acompañen a la inflación sino el valor de la fuerza de trabajo, razón por la cual realiza los estudios y analiza los balances públicos de las empresas».
«El gobierno sabe que la actividad puede abonar lo que exige el sindicato, que reivindica el cálculo del salario mínimo como determina la Constitución, de forma independiente de los porcentajes. No tiene sentido un conflicto tan extenso», dijo.
Dávalos añadió que «las fábricas por ahora respiran por esa ventana que es San Lorenzo, donde aún se trabaja, pero en el resto del país están paradas, porque ningún trabajador quiere volver a la etapa de los salarios de miseria y a la precarización».