El accionar de la dictadura genocida contra los trabajadores y el pueblo tuvo como objetivo desarticular las organizaciones obreras, disciplinar en el plano de la producción y aniquilar las organizaciones revolucionarias y populares. Ante la represión, las tácticas de resistencia obrera se llevaron a cabo en “una serie de medidas que posibilitaran enfrentarla sin brindar blancos para el castigo”. A medida que pasaron los años, la lucha se fue afianzando, hasta realizarse importantes huelgas generales reclamando el fin del régimen militar.
EL GOLPE DE LOS GENOCIDAS DEL 76
Su primer objetivo, fue desarticular las organizaciones obreras, sus luchas, disciplinar en el plano de la producción, controlar las demandas y cuestionamientos que generaría la imposición de un modelo económico de fuerte corte liberal, y aniquilar las organizaciones revolucionarias y populares. Además, se propusieron apropiarse como clase del poder del Estado, porque lo necesitaba para la aplicación del proyecto económico encarnado en la figura del ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz.
MEDIDAS CONTRA LOS TRABAJADORES
Las primeras disposiciones fueron la intervención de la CGT y de numerosos sindicatos – entre ellos 27 federaciones y 30 regionales de esa central obrera-, la suspensión de la actividad gremial -asambleas, reuniones, congresos-, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. En 1979, la Ley de Asociaciones Profesionales limitó la cantidad de delegados de fábrica -en el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6-, se aprobó la libre afiliación – a pesar de que el 95% de los trabajadores ratificaron a sus anteriores sindicatos -, se disolvieron las federaciones de tercer grado y se exigieron cuatro años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la infaltable constancia de “buena conducta” de la policía para poder presentarse a trabajar. A esto se sumó la Ley de Prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. A un mes del golpe se reformó la Ley de Contratos de Trabajo, anulando normas en materia de derechos.
La Junta Militar designó como Ministro de Trabajo al General Liendo, que entre sus primeras actividades tuvo la de definir la política del gobierno hacia el movimiento obrero en su mensaje del 1º de mayo de 1976: “la intervención militar no se hizo en contra de un determinado sector social, partido político o sistema económico, sino para corregir excesos, impedir desviaciones, reordenar y reencauzar la vida nacional, cambiar la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad, facilitar en suma, el desarrollo pleno de nuestra potencialidad”. Para luego puntualizar que “referido a las disposiciones legales que encuadran la actividad y estructura gremial, su revisión no tiene en modo alguno como objetivo lesionar el principio protector incito en el derecho laboral, ni cercenar ningún derecho inalienable del trabajador. Su finalidad es la de corregir excesos, vicios, instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos y reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo”.
Posteriormente, dejó en claro cual era la política para cualquier oposición en las fábricas a la dictadura al afirmar que “Con relación a la actividad de la subversión en el ámbito fabril se sabe que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional. Para combatir y destruir a la subversión hay que conocer su modo de actuar: adoctrinamiento individual y de grupos para la conquista de base obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones, creación de conflictos artificiales para logra el enfrentamiento con dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros, el sabotaje a la producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se opongan a sus fines. Ejecutores de ese accionar son agentes infiltrados y activistas perfectamente diferenciales de los verdaderos delegados que ejercen la representación gremial de sus mandantes. Frente a ese accionar, el gobierno y las FFAA han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de enemigo de todos “.
Todas esas medidas se combinaron con represión: fueron ocupadas militarmente las fábricas en conflicto, y se reprimió especialmente a distintos gremios industriales y de servicios, a sus delegados y miembros de comisiones internas, como una larga lista de abogados laboralistas.
Con los años, la CTA, producto de testimonios y documentación recuperada, denunció la existencia de un número aproximado de 10000 trabajadores desaparecidos, lo cual nos marca que el 67% del total de los detenidos desaparecidos fueron asalariados.
Agregando que “el aniquilamiento de las organizaciones populares adquiere una centralidad desconocida extendiendo su aplicación al conjunto de la comunidad. En este esquema la noción de lo subversivo involucra a toda forma de organización, resistencia o disidencia frente a los objetivos del proceso militar. Se convierte en práctica habitual la supresión de dirigentes gremiales y miembros de comisiones internas o de simples trabajadores cuya práctica sindical supone automáticamente enfrentarse con el Estado represor”. Se marcó la complicidad de los directivos de muchas empresas con la represión ejercida contra los trabajadores. Indicaron en este sentido que muchos activistas sindicales fueron secuestrados debido a que eran señalados por aquéllos ante quienes ejercían la represión y que en muchos casos fueron utilizados locales de las empresas para la detención y tortura.
RESISTENCIA OBRERA A LA DICTADURA
Pablo Pozzi, en su libro “Oposición obrera a la dictadura”, plantea que ante la represión los trabajadores elaboraron “una serie de medidas que posibilitaran enfrentarla sin brindar blancos para el castigo”.
El trabajo a reglamento, el trabajo a tristeza, el quite de colaboración y el sabotaje fueron algunas de las medidas que se fueron adoptando. Los primeros años 76-77 fueron cruciales en el avance de los métodos de lucha, mientras que el tiempo y la lucha permitieron ir tomando fuerzas. El aumento de la cantidad de conflictos y de medidas de fuerza, que se plasmaron en el año 79 con la primera toma de fabrica desde el golpe, las huelgas por tiempo indeterminado, las movilizaciones del Swiff y en San Miguel de Tucumán, fueron emergentes de ese avance cualitativo y cuantitativo.
A partir del año 1979 se notó una aceleración en el proceso de acumulación de fuerzas del movimiento obrero. El “paro sorpresivo” cuyas características son: corta duración, y niveles de organización muy altos que permiten conseguir desde la base una gran efectividad. Ante el paro sorpresivo, la fuerza represora se siente impotente, los conflictos no le dan tiempo para actuar. Cuando se enteran del hecho, ya no hay margen de acción porque éste ha concluido. Además, los trabajadores se mantienen en sus lugares de trabajo, lo que les permite obrar con rapidez y aprovechar al máximo el factor sorpresa.
Por otra parte, en los conflictos por despidos y cierres, las respuestas fueron distintas, con un enfoque opuesto al anterior. Es decir, “extender el conflicto a la calle, extenderlo a otras fabricas y lograr el apoyo de otros sectores sociales”. Fueron los ferroviarios, metalúrgicos y automotrices los que estuvieron al frente de la resistencia por la calidad de las medidas de fuerza.
La dictadura se vio forzada a reestructurar su táctica con la clase obrera. Durante 1978 y 1979 si bien se mantuvo un nivel represivo sensiblemente alto, puso especial énfasis más en la construcción de un sindicalismo afín a sus intereses, “apolítico”, colaboracionista. Hacia diciembre de 1981 con la asunción de Galtieri, era evidente que la dictadura había logrado algunos “éxitos” parciales (obras sociales, debilitamiento organizativo).
La primer huelga general se realizó días previos a la conmemoración del 1º de Mayo de 1979. Una vez anunciado el paro, fueron detenidos varios dirigentes, pero los sindicalistas de “los 25” ratificaban la decisión de parar y en el comunicado emitido aludía a “los vínculos de amistad que unen a las FFAA de la Nación con el pueblo y lamenta que la política económica los lleva a tomar esta detención”. Por su parte, el gobierno explícito que estaba garantizada la libertad de trabajo, a la vez que calificó a la medida como “paro ilegal”.
En Rosario, salvo en un sector de los ferroviarios del Mitre y algunos establecimientos fabriles, no se alteraron las actividades fundamentales. No fue acatada por otros sectores, incluso los gremios de la carne y los metalúrgicos, informaron que no habían ordenado ninguna medida de fuerza. Según el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, los datos del ausentismo fueron en los Talleres del Ferrocarril Mitre del 98%, en la Planta de Celulosa Argentina en Capitán Bermúdez del 98%, en Electroclor fue del 100%, y en empresas más chicas como Calzado Arroyito del 16%.
La peregrinación a Luján de ese año convocó a más de un millón de jóvenes, según los cálculos de los diarios de la época. Se hizo bajo la consigna «Unidos a María anunciemos a Jesús». Los carteles de las parroquias, grupos estudiantiles y de trabajadores pedían “Paz y Trabajo” con el guiño cómplice de parte de la jerarquía eclesiástica, en relación al inminente conflicto con Chile.
Las protestas continuaron con la huelga general del 22 de julio de 1981, convocada por la CGT Brasil, que resultó exitosa. Fueron reprimidas las manifestaciones en Mendoza, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y Avellaneda.
El 7 de noviembre de 1981, una manifestación por las calles de Liniers culminó con un acto de más de 20 mil personas frente a la Iglesia de San Cayetano, donde también hubo una gran represión con cientos de detenidos.
Es indudable que la dictadura modificó al movimiento obrero. Desde un punto organizativo, debemos remarcar el surgimiento de nuevas camadas de activistas y el desarrollo de conducciones paralelas a las cúpulas sindicales en el lugar de trabajo. La defensa que hicieron los trabajadores tanto del control sobre las condiciones de trabajo como de sus organizaciones gremiales fueron lo destacable del periodo. Las características que tomó la solidaridad obrera y la unidad de la clase frente a la patronal y la represión enfatizan lo expresado.
EL PARO DEL 30 DE MARZO DE 1982
Para el 30 de marzo de 1982, los trabajadores nucleados en la CGT Brasil y bajo la conducción de Saúl Ubaldini convocaron a una jornada de protesta en todo el país, bajo las consignas “Paz, Pan y Trabajo”, “Abajo la dictadura militar”.
La posible movilización de amplios sectores de la población, motivó que el Ministerio del Interior presionara para que la marcha no se hiciera, bajo el argumento que la CGT no había solicitado la autorización correspondiente para realizar el acto y que estas situaciones podían producir alteraciones a la seguridad y el orden público, a la vez se recordó que seis dirigentes sindicales, entre ellos Saúl Ubaldini, se encontraban procesados por haber declarado otras huelgas generales.
El día de la protesta, Buenos Aires amaneció con carros de asalto, carros hidrantes, la montada de la policía federal, militares en traje de fajina, armas largas y cortas, por todo el centro porteño.
Desde horas tempranas los obreros y trabajadores de todas las especialidades se fueron agrupando para marchar hacia el centro. Los dirigentes llegaron abrazados por Av. de Mayo hasta la avenida 9 de julio y detrás, cientos de activistas. La marcha pretendía entregar un documento en Casa Rosada. Se cantaba «Pueblo Unido jamás será vencido», «Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar» y «Luche luche que se van».
Hubo al menos tres horas de violentos enfrentamientos entre los manifestantes, que intentaban llegar hasta la Plaza de Mayo, y centenares de policías. Las fuerzas de seguridad no sólo arremetieron contra quienes integraban las columnas de manifestantes, sino que detuvieron también a tres periodistas (uno de ellos de una cadena de televisión norteamericana) y a tres reporteros gráficos. Uno de los problemas que debieron enfrentar los uniformados se centraba en que los grupos populares se armaban y disolvían rápidamente en distintas esquinas, para reaparecer una y otra vez a corta distancia, improvisando con ello una táctica que obligó a la policía a redoblar su acción y a endurecer la represión.
Se reprimió duramente las concentraciones que se efectuaron en los alrededores de Tribunales y en el puerto; por primera vez, empleados y funcionarios de la zona céntrica de Buenos Aires arrojaban desde balcones y ventanas todo tipo de proyectiles contra los elementos de la represión.
Organismos de Derechos Humanos con Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza intentaban llegar a Casa Rosada a entregar el petitorio.
Por la noche los noticieros informaron del asesinato en Mendoza, de José Benedicto Ortiz, trabajador y sindicalista textil. La jornada arrojó más de 2500 heridos y unos 4000 detenidos en todo el país.
Entre los detenidos figuraban el entonces secretario general de la CGT nacional, Saúl Ubaldini, y cinco integrantes de la comisión directiva; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a un grupo de madres de Plaza de Mayo. Las imágenes trascendieron adentro y afuera del país.
Hubo manifestaciones en Mendoza, donde la represión culminó con el asesinato de un sindicalista; en Rosario, dos mil trabajadores recorrieron el centro de la ciudad con consignas contra la dictadura; en Mar del Plata y San Miguel de Tucumán detuvieron a doscientas personas por repudiar al gobierno militar; en Córdoba, el Tercer Cuerpo del Ejército patrulló las calles con columnas de hasta siete vehículos militares por temor a la movilización de los trabajadores».
Al día siguiente, la CGT elaboró un documento afirmando que el proceso militar estaba «en desintegración y desbande» y reclamando un gobierno cívico militar de transición a la democracia. Ese texto nunca llegó a difundirse, porque antes los militares salieron de la sombría situación en que se habían colocado fugando a Malvinas.
Los diarios reflejaron en sus tapas los «importantes disturbios» y la sensación de que la estabilidad de la Junta Militar estaba seriamente amenazada. Sin embargo, tres días después, tropas argentinas tomaron las islas Malvinas.
La CGT y los trabajadores le habían demostrado a los dictadores que debían dejar el gobierno, que ya nada era igual, que se había alcanzado un grado de organización suficiente para hostigarlos hasta echarlos. El movimiento obrero hizo el 30 de marzo del 82 una jornada tan trascendente como lo fueron en los años 60 y 70, las grandes movilizaciones donde se cantaba “Obreros y Estudiantes unidos y adelante”, y en cada barricada se vivía un clima de lucha, libertad y solidaridad .