El juez de Garantías subrogante de San Nicolás Román Parodi dispuso hoy la «prisión preventiva» de los dos sindicalistas camioneros acusados de haber obstaculizado el acceso y egreso de una planta en la localidad de San Pedro.
Mediante una resolución de 146 páginas, el magistrado resolvió «convertir en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola».
A su vez, ordenó la prisión domiciliaria de ambos, que no se concretará hasta tanto la decisión quede firme.
En el fallo el magistrado resolvió en primer término “no hacer lugar a la solicitud de libertad impetrada por el Dr. Grugger y el Dr. Moral en favor de los imputados” y en el segundo punto decidió “convertir en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por los delitos de turbación de la posesión -dos hechos-, coacción en grado de tentativa -dos hechos-, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real”, según consignó Infobae.
“Conforme las condiciones personales de los encausados –que cuentan con arraigo y contención familiar, y carecen de antecedentes penales condenatorios-, y su situación procesal, y el estado de la causa –prácticamente concluida-, es mi convencimiento que en el caso de autos, median razones que justifican la aplicación de un grado de coerción menos gravoso que la prisión en un establecimiento carcelario, no advirtiéndose además, motivos para presumir que en el caso de otorgarse el beneficio solicitado, exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso”, sigue el fallo.
La abogada del PRO denunciante en la causa Florencia Arietto le adelantó al mismo medio que apelará el uso de la tobillera electrónica.
El juez les impuso a su vez la prohibición de contacto “por cualquier medio (personal o técnico) con los denunciantes, Sergio Ariel Rey y Gustavo Ariel Rey, sus familiares, la firma comercial Rey Distribución S.R.L., y los integrantes de la misma, y cualquier otra persona y/o testigo vinculado a la presente causa”.
La causa forma parte del entramado de embates judiciales de lo que se dio en llamar «Movimiento Empresarial Anti bloqueo» que busca criminalizar todo tipo de protesta sindical.