Ocho diputados y diputadas de extracción sindical presentaron un proyecto de declaración para que las dos Cámaras del Congreso de la Nación repudien no solo la insólita sugerencia de un grupo de legisladores de Juntos de «pedir la cancelación de la personería gremial del sindicato de Camioneros» sino también a la “Mesa de la Gestapo Antisindical”.
Los diputados y diputadas de extracción sindical Sergio Omar Palazzo, Hugo Yaski, Carlos Ponce, Vanesa R. Siley, Claudia Beatriz Ormachea, Carlos Aníbal Cisneros, Pablo Carro y María Rosa Martínez presentaron hoy un proyecto de declaración para que el Congreso en su conjunto repudie «toda tentativa de suprimir las organizaciones sindicales y/o de afectar sus derechos a representar trabajadores y trabajadoras de nuestra Nación, así como de perseguir a los dirigentes que legítimamente las conducen».
El texto incluye sí, al proyecto que firmaron ayer veinticuatro legisladores cambiemistas en un burdo intento de golpear a los Moyano, pero también enlaza a «la conformación y acción de la recientemente descubierta “Mesa de la Gestapo Antisindical” que en el año 2017 conformaron altos funcionarios del Gobierno Nacional del ex Presidente Mauricio Macri y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.». La actual diputada orgullosamente porteña forma parte de ambos eventos.
Asimismo, los legisladores sindicalistas pidieron que se exhorte a los partidos políticos con representación parlamentaria a «que acaten los mandatos constitucional y legal de abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales.»
Entre los fundamentos, le recuerdan a la veintena de macristas que para presentar un proyecto en el Congreso «debería al menos consignar la correcta denominación de la entidad a la que pretende referirse». Es que la falta de seriedad del proyecto de Juntos se ve hasta en los detalles, dado que la organización que dirigen los Moyano que se parece más a «Sindicato de Camioneros» se llama legalmente «Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires». La correcta denominación en un documento parlamentario no es menor, pero sigamos.
Las y los diputados sindicales recordaron también el espiritu de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551: «Esa ley, producto del mencionado amplio acuerdo político y social, fue la que permitió a la democracia argentina dejar atrás a la norma estatal del año 1979 de la dictadura cívico-militar que bajo el número 22.105 pretendía regular la vida y acción de las organizaciones sindicales desde la cosmovisión de aquella dictadura».
Uno de los atributos que le confería aquella norma de la última dictadura al Ministerio de Trabajo de facto era precisamente el de «desplazar a los dirigentes sindicales de los cargos para los cuales sus representados los eligieron, intervenir los sindicatos, y cancelar su personería gremial». Es decir, la actual Ley de Asociaciones Sindicales surge al calor de un debate que da por saldada la intervención discrecional y acomodaticia que ejercieron los gobiernos militares bajo el terror.
También recordaron que desde las entidades sindicales a las que pertenecen denunciaron al gobierno de Mauricio Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «con motivo de la persecución de dicho gobierno a dirigentes sindicales, abogados/as laboralistas y jueces/zas del trabajo, de las intervenciones encubiertas a sindicatos, de las vulneraciones al derecho a la negociación colectiva libre -patentes en los casos tanto de los/as bancarios/as como de los/as docentes-, y de la represión de la protesta social.» A lo que deberían sumarse las múltiples denuncias en la Justicia argentina por los mismos motivos.
En síntesis, «el proyecto de resolución que pretende la cancelación de la personería gremial del “Sindicato de Camioneros” es la continuidad, a través de otras vías y bajo una simulada apariencia de institucionalidad, de la “Gestapo Antisindical”: la búsqueda de una Argentina sin sindicatos y de
trabajadoras y trabajadores sin derechos.», concluyeron.