Los gremios docentes de Entre Ríos no asistieron ayer a la audiencia conciliatoria dictada por la justicia laboral y realizaron una movilización por las calles céntricas de la ciudad, que culminó frente a la casa de gobierno.
Eso terminó de molestar al gobierno entrerriano que advirtió que «se podrá aplicar el Código Penal» a los docentes que desobedezcan la resolución de la jueza laboral Gladys Pinto, quien ordenó suspender por 20 días las medidas de fuerza de los sindicatos de maestros, decididas a partir de ayer en demanda de mejoras salariales.
La jueza dictó la medida conciliatoria «para restablecer un ámbito de diálogo» entre el gobierno entrerriano y los gremios docentes, pero los sindicatos ratificaron la medida de fuerza hasta la realización de un nuevo congreso que analice la situación.
En un comunicado oficial el gobierno provincial dijo que «las consecuencias pueden ser muy graves» para los docentes que no acaten el fallo judicial porque se podría aplicar las previsiones que establece el Código Penal».
El fallo de Pinto ordenó suspender por 20 días hábiles el paro de actividades de cinco días de duración dispuesto a partir de hoy por la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) en demanda de mejoras salariales.
La magistrada advirtió que su fallo «no significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias».
Finalmente en la noche de ayer los gremios anunciaron, luego de las asambleas de base, que acatarían la conciliación obligatoria, pero repudiaron la amenaza del ejecutivo provincial.