Sin embargo, en un acta manuscrita de la reunión mantenida, los funcionarios se comprometieron a responder, en el plazo de 72 horas, a los 150 docentes que se concentraron en las puertas de la cartera que conduce Esteban Bullrich.
«Tuvimos una extensa reunión con los funcionarios y les recordamos que desde el PRO hicieron campaña argumentando que los salarios de los docentes son pagados en tiempo y forma», sostuvo Rubén Berguier, prosecretario gremial de UTE, quien estuvo presente en el encuentro.
El reclamo se extiende a docentes de escuelas públicas de todos los niveles, y también a los del plan FINES, aunque «de acuerdo a lo que nos dijeron en el Ministerio de Educación porteño, el Gobierno Nacional ya giró el dinero de los salarios pero no están instrumentando la liquidación», indicó Berguier.
En tanto, Eduardo López, titular de UTE, dijo que «un docente de jornada completa cobra alrededor de 10.000 pesos, por lo tanto, la deuda asciende a unos $30.000».
El dirigente explicó que los docentes a quienes se les adeuda el salario son todos aquellos que «tomaron cargo en febrero, se trasladaron o ingresaron en alguna escuela pública», y que «todavía no tenemos el número exacto porque esto es muy caótico, pero ya juntamos al menos mil reclamos».
«El Gobierno de la Ciudad implementó un sistema informático para liquidar los salarios, como lo hizo con la inscripción online, y otra vez se equivocó», criticó.
«Nosotros sugerimos que, si hay un cambio de este estilo, que se realice primero una prueba piloto en algunas escuelas», ya que «el docente no es una prueba y error: es un trabajador que tiene que cobrar salario», dijo.
Los funcionarios de la cartera educativa porteña, según López, «reclaman paciencia, pero quienes no tienen paciencia son el carnicero, el supermercado, ni siquiera el Banco Ciudad, ya que cuando un docente afectado por este nuevo sistema informático no paga un crédito por salario adeudado, se le aplica un punitivo».
Finalmente, Guillermo Parodi, secretario general adjunto de UTE, dijo que el gobierno «quiere trasladar los fondos de la educación pública a la privada», es por eso que deben «continuar en estado de alerta y movilización».