Los secretarios general y de Educación del gremio, María Lazzaro y Daniel Di Bártolo, respectivamente, aseguraron que «el Sadop no permitirá que se le quite el derecho a debatir la política educativa» y que sostendrá la evaluación como proceso integral en «las antípodas del objeto de consumo que algunos colegios privados de elite instalan y que el gobierno nacional avala», señalaron.
Los dirigentes rechazaron «la comercialización de la evaluación, a la que se considera un objeto de consumo», según expresaron, y condenaron su presentación como «un logro en los colegios privados, como si se tratase de mercancía con valor económico».
Los sindicalistas rechazaron que la evaluación de los conocimientos sea presentada en el mercado capitalista como «un logro en los colegios privados ‘de alta gama o elite’ (sic) por ciertos comunicadores y difusores de la ‘cultura evaluativa'».
«La evaluación es considerada en idéntico nivel que las clases de equitación, los cursos de inglés o los intercambios mundiales. Se presentan escuelas en cuya marca figura como producto de venta.
El Sadop y los otros sindicatos no se oponen a la evaluación, como sostuvo el diario La Nación. No solo no es cierto sino que ofreció su propia perspectiva ‘Autoevaluación institucional y participativa’ en un documento elaborado en paritarias», dijeron.
Los gremialistas del Sadop, que nuclea a unos 70 mil afiliados en todo el país y es el segundo sindicato cuantitativamente más importante del sector docente, explicaron que junto con la Facultad de Pedagogía de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y la Universidad Nacional Pedagógica (UNIPE) elabora una herramienta propia de evaluación integral de los procesos educativos sobre la base de la Ley de Educación Nacional 26.206 y los acuerdos paritarios nacionales».
Los dirigentes expresaron que ese instrumento será debatido de forma amplia con la totalidad de los sectores de la educación, alumnos y trabajadores de los Institutos de Formación Docente, organizaciones civiles de la actividad y otros actores sociales.
Lazzaro y Di Bártolo lamentaron «profundamente» en un comunicado de prensa difundido hoy que la evaluación sea tergiversada en su importancia y sentido y transformada en objeto de consumo, y señalaron su «preocupación» ante «la tercerización por parte de organizaciones que realizan ese proceso a un costo monetario, perdiendo así su sentido universal y gratuito y acotando sus resultados de manera parcial y sesgada», argumentó el documento.
Para los dirigentes sindicales, «la mercantilización de la educación es una amenaza en la región y se realiza a través de entidades externas a los colegios, la difusión de propuestas de carreras como ofertas y su instalación como marca comercial».