Karina Moyano quedó envuelta en una investigación por narcotráfico. En un allanamiento a una vivienda de su propiedad que figuraba como domicilio de una de las personas detenidas por la causa se encontraron medio millón de dólares. Según su testimonio, la procedencia de esa importante cantidad de dinero radica en «préstamos y donaciones» que le hicieron familiares y su abogado, Daniel Llermanos, en calidad de amigo de la familia, para poner una empresa con su (ahora ex) pareja.
Si bien la causa inició en 2018, recién a fines de enero Karina Moyano reclamó la restitución del dinero. El juez federal Federico Villena, que cubre a Juan Pablo Augé durante la feria judicial, ordenó la devolución de la abultada suma. El juez Augé había rechazado el pedido antes de irse de vacaciones pero Villena le dio lugar y terminó con una denuncia de los dos fiscales intervinientes, acusando al juez por «mal desempeño». Augé volvió y dio marcha atrás con la medida.
Según consignó La Nación, Moyano explicó en un escrito que ese dinero «responde a causas de absoluta legitimidad y buena fe». Que es fruto de «préstamos e incluso donaciones de mis padres y hermanos durante un tiempo extenso que no puedo precisar con exactitud, pero tengo la certeza de que esa conducta solidaria se inició antes del comienzo de 2016«.
Según sus declaraciones, la mira estaba puesta «en conformar una sociedad con aquel [por su pareja, padre de la detenida], una empresa familiar de logística destinada fundamentalmente al rubro fletes» pero Moyano se separó recientemente entonces pidió que le entreguen ese dinero para poder comprar una casa para vivir.
«No reclamé con antelación la devolución de los importes aludidos -limitándome a reclamar celulares y otras cosas- porque cada acción de mi familia era tomada por la prensa como hechos irregulares que se difundían en los medios hegemónicos de manera masiva en la búsqueda política de aniquilar nuestra imagen pública y no quise -en medio del enorme lawfare que sufrían mi padre y mi hermano Pablo- añadir otra cuestión que pudiera perjudicarlos».
«Tomé ahora la decisión de reclamar la restitución porque al haberme separado de mi pareja necesito con urgencia recuperar el dinero para adquirir un inmueble para vivienda familiar», además de sostener que no se encontraba «imputada por la comisión o participación en ningún ilícito».
Karina Moyano terminó investigada porque en el DNI de una mujer detenida e indagada en esa causa, Macarena Acevey, figuraba su domicilio en la dirección del departamento a nombre de la dirigente de Camioneros.