Para la justicia en todo caso se trata de un «un entuerto netamente comercial». La resolución dice que quienes conducen vehículos para «Uber» desarrollan, «una actividad comercial lícita», y que en todo caso podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos.
La decisión fue adoptada por el juez de instrucción Luis Zelaya quien de acuerdo al dictamen del fiscal Jorge Ballestrero desestimó por «inexistencia de delito» la denuncia efectuada por el gremio de los taxistas contra 33 conductores de «Uber» por los presuntos delitos de «entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita».
El fiscal Ballestrero «se encargó de desechar la instigación delictiva y la asociación ilícita, porque entendió que la aparición de «Uber» busca desarrollar una actividad comercial lícita bajo un modo de asociación con fines legítimos».
El fallo del juez Zelaya, en coincidencia con el fiscal dice que «no parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios».
«Más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de «Uber», lo concreto, lo real, es que, no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto», según dice el fallo.
El juez señaló que «todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial. Sin embargo, todo indica también que este fuero penal no es la vía apropiada para resolver el conflicto».
Fuentes judiciales confirmaron que el fallo fue apelado por los letrados del estudio Cúneo Libarona, que representa a los taxistas, y ahora debe resolver la Sala V de la Cámara del Crimen.