El Frente Aéreo en el que se alinearon los gremios de Aeronavegantes, APLA, UPSA y APA respondió el ataque que está recibiendo el secretario general de pilotos, Pablo Biró por su rol en el Directorio de la aerolínea de bandera. El Gobierno, aseguraron, «pretende alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas, dando mandatos imperativos de cuestionar la legitimidad de la representación en el Directorio, del representante del Programa de Propiedad Participada (PPP)», titular accionario del resultante de la otrora privatización de la empresa en la década de los `90.»
El conflicto entre trabajadores del transporte aéreo y Aerolíneas Argentinas se agrava. Las demandas salariales tienen mucho atraso y no encuentran respuesta adecuada en el marco de la creciente inflación que el Gobierno no logra controlar.
En este contexto el Gobierno nacional decidió expulsar al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), del Directorio de Aerolíneas Argentinas, lo que motivó una dura respuesta por parte del gremio a través de un comunicado, defendiendo la representación gremial dentro del organismo rector de la empresa. «Además de amenazar con regulaciones ilegales del derecho a huelga, ahora pretende alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas, dando mandatos imperativos de cuestionar la legitimidad de la representación en el Directorio, del representante del Programa de Propiedad Participada (PPP)»
Pablo Biró es titular accionario de la privatización de la empresa en la década de los `90, recordaron. Se trata de las acciones de los trabajadores y «son derivadas de un régimen legal específico, la Ley 23.696, la misma a la que acudió este gobierno para las nuevas privatizaciones que impulsa, a través de denominada “Ley Bases”»
«La ley 23.696 establece todo un régimen especial de participación de los trabajadores del ente a privatizar, dando una específica autonomía a las acciones que se adjudicaron en tal carácter estableciendo que ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias podrán integrar el PPP (art. 22 inciso a); indicando que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar (art. 26); determinando la inclusión de convenios de Sindicación de Acciones que establecen la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en las Asambleas de la sociedad, con fuerza vinculante para todos (art. 38)», detallaron.
Es decir que la representación del PPP en el Directorio de la empresa es consecuencia de dicho carácter, de la titularidad individual, pero de gestión colectiva de dichas acciones, y por tanto el representante tiene los siguientes cometidos: a) representar a dicha categoría de accionistas; b) responder ante ellos; c) recibir mandato e instrucciones de los mismos.
Esto seguramente irá a parar a la Justicia porque desde los gremios lo calificaron como «Por lo tanto, la intención del gobierno de desplazar al Director designado por la PPP, es decir por accionistas independientes, importa «una intromisión en una participación accionaria ajena y una violación del Estatuto social. A la vez es un ataque, directo e ilegal, al derecho de propiedad que deriva de las acciones respectivas».
Asimismo, argumentaron que «nunca podría atribuirse responsabilidad a un director por actos ajenos a la función y participación en el directorio» porque actúa por mandato por lo que, menos pueden acharle responsabilidad, «a quien tiene una representación emanada de una categoría distinta de accionistas, en este caso la PPP, con un mandato otorgado por ésta, y a la que debe responder».
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