(Por Pablo Maradei) Es el decreto 1400 de 2001 que se creó en aquel año ante la cantidad de prestatarias que estuvieron al borde del precipicio por la crisis económica post convertibilidad. El Ejecutivo busca reducir las más de 300 obras sociales sindicales que existen; muchas de ellas sellos de goma inventados para recaudar.
Hay que remontarse a la crisis de 2001 para encontrar la mayor cantidad de obras sociales que pidieron concurso preventivo para salir de una posible crisis terminal. A raíz de ese vendaval político económico que sucedió a la convertibilidad de Domingo Cavallo es que empezó a regir el DNU 1400/2001: mediante procedimientos administrativos y financieros a los que se sometían a las obras sociales en crisis bajo auditorías de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) cada 6 meses, se buscaba reflotarlas. «Haciendo las cosas bien durante un tiempo, la mayoría se sanea y se encarrila», explican desde la SSS.
Hoy por hoy, confirman que no hay muchos casos de obras sociales pidan concurso preventivo aquejados por las deudas «uno por año como mucho», indican. Tal es el caso de la Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (OSPIQyP) como contó InfoGremiales esta semana.
«La letra de ese DNU existe para no tener que cerrarlas, es un salvoconducto y hoy es lo único que está vigente. El espíritu de esa norma es preservar al afiliado: en un período de 6 meses se evalúa la situación financiera económica y si se cumplen ciertos procedimientos zafa la obra social».
Pero no todo es color de rosa: por lo que recogió InfoGremiales de la secretaría de Salud, este DNU está bajo la lupa del Gobierno libertario «ya sea para darlo de baja o elevar la vara para de exigencias a las obras sociales en crisis». En criollo: dando de baja este salvoconducto legal, el Ejecutivo lograría de una manera encarar lo que buscó el gobierno de Mauricio Macri y ahora quiere reflotar Javier Milei: reducir la cantidad de obras sociales. Ya sea fusionándose entre varias entidades; o bien propiciando su liquidación.
«En ningún caso la Súper aportará más dinero a una obra social que esté en crisis; como se sabe el sistema es solidario y redistribuye el dinero para cada una de las obras sociales», definen desde la Superintendencia.
El caso de los Químicos
Con el disparador del caso de químicos, InfoGremiales averiguó de distintas fuentes de la SSS que «el tema de OSPIQyP y sus malos manejos no es cosa nueva; ya de por si no te daban los balances por lo que es imposible hacerles auditorías o seguimientos; pero bueno nunca se tomaron las decisiones políticas que hubo que tomar», grafican el estado de situación. Y agregan: «Un juicio de mala praxis puede voltear a cualquier obra social chiquita, que no es el caso de Químicos». Completan: «Con gente profesional e idónea esto se solucionaba habiendo tomado un seguro».
– Por lo que se desprende, ¿qué puede hacer la OSPIQyP para no dejar fuera de cobertura a 24.000 afiliados? – preguntó InfoGremiales a una de las fuentes de la SSS consultadas para esta nota.
– En principio ellos no pueden sacarse afiliados de encima para sanear, como tampoco pueden rechazar afiliaciones; esto es el deber ser, aunque obviamente pueden poner excusas para no incorporar. Pero no es lo que corresponde.
– ¿La Súper podría cerrarla y derivar afiliados?
– Justamente el tema es qué se hace con esos 24.000 afiliados. Ponele que los 10.000 químicos puedan redireccionar sus aportes a otra obra social del sector, pero a los monotributistas no los quiere nadie porque ni llegan a cubrir el PMO.
– ¿Qué camino le queda por recorrer a OSPIQyP?
– Deberían apurarse para judicializar el concurso porque nadie los podría tocar. Una vez que llegas a un plan de pagos bajo esquema judicial pateás todo para adelante; y en paralelo empezar a administrar como corresponde.
