El Gobierno habilita la exportación de chatarra y Techint advierte por el aumento de los costos para la producción nacional

El Gobierno eliminó una prohibición vigente desde 2009 y habilitó la exportación de chatarra metálica, contra la voluntad de Techint que adelantó que la medida va a encarecer los costos de producción interna y probablemente haya que importar insumos. Mientras tanto, Sturzenegger espera que la medida abra mercados internacionales y asegura que beneficiará a productores pequeños contra «el lobby de las grandes empresas».

En una decisión que profundiza el camino en la política económica, el Gobierno de Javier Milei eliminó las restricciones que durante 16 años prohibieron la exportación de chatarra metálica. Esta medida, que había sido instaurada en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner para proteger la industria siderúrgica local, busca ahora abrir nuevos mercados internacionales para la materia prima. La resolución implica la derogación de los decretos 1040/20 y 70/23, los cuales prorrogaban esta prohibición en las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La administración de Milei, a través del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la medida como un paso necesario para revitalizar el mercado de reciclaje. Según Sturzenegger, las restricciones deprimían los precios locales de la chatarra, desincentivaban el reciclado y limitaban oportunidades de negocio, afectando especialmente a las pequeñas empresas del sector. “Esta prohibición era nociva porque impedía un sinfín de negocios y desincentivaba actividades clave para la economía”, afirmó el ministro.

La reacción en el sector siderúrgico no se hizo esperar. Desde Techint, una de las principales empresas afectadas, expresaron su preocupación por la posible reducción en la oferta de chatarra disponible para la producción interna, lo que podría encarecer los insumos y obligar incluso a importar materiales del extranjero. Paolo Rocca, CEO de Techint, calificó la medida como perjudicial para la industria local, mientras que fuentes del sector alertaron sobre el impacto que tendría en los precios internos de la chatarra y en la competitividad del mercado nacional.

Por otro lado, sectores empresariales ligados al reciclaje apoyaron la medida, anticipando que abrirá nuevos mercados internacionales y generará ingresos en dólares. No obstante, también reconocen que el aumento de la demanda externa podría elevar los costos para los actores locales. Este cambio en las reglas ha desatado tensiones entre los grandes procesadores de chatarra, que gozaban de la protección de la restricción, y los pequeños recicladores, que ven en la liberalización una oportunidad de crecimiento.

El ministro Sturzenegger, además, señaló la existencia de un “lobby” de las grandes empresas para mantener las restricciones, en detrimento de los pequeños actores del mercado. “Esta decisión representa el triunfo de la libertad sobre el lobby corporativo”, declaró, en un claro mensaje dirigido a Techint.