En una decisión más que polémica, los directivos del Servicio Geológico Minero Argentino intimaron a los trabajadores de ese organismo a retirar los carteles pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado ya que, según ellos, la autopsia concluyó que “no tuvo nada que ver ninguna fuerza de seguridad del Estado tanto en lo hechos materiales como en su eventual encubrimiento”.
La intimación enviada por mail a todos los empleados desconoce las afirmaciones del juez Gustavo Lleral, quien aclaró que todavía faltarán dos semanas para saber la causa y la data de muerte del joven tatuador, pero fundamentalmente coarta la libertad de expresión de los empleados.
“Luego de dos meses de especulaciones políticas salvajes y del uso electoralista sin fundamentación alguna del caso y la persona de Santiago Maldonado, la ciencia ha hablado”, comienza el mail de la Unidad Ejecutiva de la Segemar, que presiden Julio Ríos Gómez y Carlos Cuburu.
“Una larga y minuciosa pericia con la presencia de todas las partes habría demostrado que en el fatal desenlace de Maldonado no tuvo nada que ver ninguna fuerza de seguridad del Estado, tanto en los hechos materiales como en el eventual encubrimiento”, afirmaron.
Dicho eso, los directivos acusaron a los trabajadores de actuar “sin ningún tipo de prueba científica y solamente por instinto, aseverando hechos e injuriando personas”, en alusión a la responsabilidad de la Gendarmería en la represión del 1 de agosto y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los intimaron a quitar los carteles “en honor a la verdad”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusó a los funcionarios de “querer censurar el pedido de Justicia” por Maldonado y remarcó que hace tiempo que en el organismo se vive un estado de persecución sindical.
“Es insólito el posicionamiento político y las afirmaciones que hacen con respecto a los resultados de la autopsia, más grave aún que la intimación a retirar los carteles”, advirtió a PáginaI12 Andrea Turel, delegada general de la junta interna de Segemar. Como parte de la persecución gremial, la junta interna denunció que los directivos del organismo no le permitieron al sindicato realizar un taller de violencia laboral que ya estaba pautado.