El sindicato La Fraternidad es el único que no acordó su paritaria. Un conflicto que se extiende bajo la recesión, despidos y la privatización que pretende la gestión de Javier Milei. A medianoche la Casa Rosada estableció la tregua obligada y seguirán las negociaciones. El gremio había anunciado que bajaría la velocidad para expresar su descontento.
El sindicato de maquinistas ferroviarios La Fraternidad (LF) iba a hacer circular este martes las formaciones de pasajeros y cargas una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, en reclamo de una mejora salarial para los conductores de trenes que tutela.
A poco de la medianoche esa organización gremial confirmó que había sido notificada de la Conciliación Obligatoria por parte de la secretaría de Trabajo y habían decido acatarla, con los cual los trenes funcionarán a la velocidad habitual y en rigor de sus cronogramas.
Siendo esta la única organización gremial de trenes que no pactó su incremento de sueldos como sí lo hicieron la Unión Ferroviaria, Personal Superior y Señaleros, el titular del gremio Omar Maturano, reiteró: «No queremos aumentos de salarios, queremos empatarle a la inflación, como le empatamos con el gobierno anterior», tesitura con la que volverán a negociar.
Por un lado la puja se establece dentro de un rubro del transporte donde el Gobierno tiene marcado interés en su privatización, la cual detallaron en los proyectos legislativos impulsados por la Casa Rosada. Por otra parte la resistencia de LF tiene lugar en un marco de recesión, pérdida de puestos de trabajo, reforma laboral -vía ley Bases- y un valor político ineludible: el zoom que el gobierno determina para cada conflicto sindical y las medidas que adopta al respecto.
Para echar mano a lo reciente, en ocasión de que los Petroleros Privados rechazaron la intención empresaria para que fuesen los trabajadores de mayores ingresos, los que desde sus salarios sostuvieran la equiparación de haberes de las categorías más bajas. En este caso, la secretaría de Trabajo logró la continuidad de negociaciones de gremio y empresarios, donde los petroleros decidieron suspender la huelga prevista hasta nuevo aviso. El paro de estos trabajadores significaba la paralización de Vaca Muerta y otros yacimientos, que en la ponderación de la Casa Rosada son » áreas netamente sensibles» por cuestión de pesos y divisas.
Luego de que LF alertara que pondría poner en marcha un mecanismo de protesta y circular a velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, tanto para los servicios de pasajeros como en los de cargas, el gobierno buscó bajar el tono de la disputa y fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien compartió un café con Maturano.
A días de aquella tertulia los maquinistas ferroviarios describen que «fue un encuentro al que asistimos por haber sido convocados pero no redundó en ningún avance».
En ese sindicato insisten también que sin ocultar su intención de privatizar los ferrocarriles el gobierno nunca se pronunció respecto a las denuncias gremiales sobre la no reposición de repuestos, mecanismos de seguridad y los cambios en las frecuencias horarias en los ramales que meses atrás ofrecían una prestación acorde a la demanda del público usuario.
«En los trenes la mayoría de gente que viaja, son trabajadores y estudiantes, dejar caer formaciones y servicios deja en claro las cuestiones de fondo que están a la vista de quien quiera verlo», acotaron desde LF a este diario. Bajo el título «La paciencia tiene un límite» el sindicato recordó a través de un comunicado que tuvo cuatro reuniones «mostrando la mejor predisposición».
Allí realzan «nuestra voluntad negociadora no fue efectiva porque el sector empresarial ha tenido más de 15 días para mejorar la propuesta salarial de forma que la misma refleje los índices inflacionarios para mantener el poder adquisitivo que viene siendo licuado desde enero de este año».