La fidelidad de Roberto Fernandez, uno de los sindicalistas más amarillos de todo el arco gremial, que hasta se animó a anunciar aumentos del transporte sentado a la mesa con los ministros se paga con billetes.
Sucede que entre las cláusulas que el Gobierno firmó en las polémicas paritarias del Subte de este año, luego de que la Corte le devolviera la personería gremial a la UTA y no consultasen a los Metrodelegados, se estableció un descuento compulsivo.
El mismo descuento que el oficialismo le quitó a La Bancaria de Sergio Palazzo, gremio mayoritario de la actividad, se lo otorgó a la UTA en el subte, a pesar de ser claramente minoritarios.
La cláusula que rubricó la gestión de Horacio Rodriguez Larreta representa, en la práctica, ingresos por $20 millones de pesos anuales para Fernandez. Nada despreciable. Figura en el mismo escrito en el que establecen un incremento salarial del 15% en el ámbito de los subterráneos.
La UTA es claramente el segundo gremio en trascendencia bajo tierra. Aunque los números los guardan bajo 4 llaves, justamente por la debilidad demostrada para poder mantener la personería gremial en el marco de una compulsa, sus afiliados no superan los 1.200, mientras que los metrodelegados más que duplican esa cifra.
Sin embargo, y gracias a la devolución de favores de Cambiemos por, entre otras cosas, aportar a la pauta salarial de este año, el gremio que representa a choferes de colectivos le descontará compulsivamente también a los afiliados de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro.
Tanto el cierre paritario, como el descuento obligatorio son dos de los temas que dispararon el conflicto que desde hace más de una semana se vive en las distintas líneas de subte porteño.