El gobierno nacional modificó hoy, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la ley que rige las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y dispuso “la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales” como “la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente” que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.
La medida, enmarcada en el proyecto oficial que ya cuenta con media sanción del Senado, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 54/2017, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y la mayoría de los ministro del gabinete nacional.
El cambio de planes del Gobierno, que evitó seguir la vía legislativa molestó a la CGT que pensaba incluso pedir algunos cambios complementarios en Diputados y ahora no podrán hacerlo.
Además, desde la central obrera, objetaron el carácter de necesidad y de urgencia de la norma, por lo que entienden que le cabe una presentación de inconstitucionalidad al DNU, situación que empieza a tensar la cordial relación que hasta ahora tuvo con el oficialismo.
Así lo sostuvo el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, luego de que trascendiera que la administración de Mauricio Macri emitiría el decreto, el cual ya fue firmado por el Presidente.
«Un DNU de la Ley de Riesgos del Trabajo va a ser atacada de inconstitucional porque no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia», apuntó Sola en declaraciones a Radio 10.
El 21 de diciembre último el Senado había aprobado y girado a Diputados el proyecto de ley complementaria de la norma que rige a las Aseguradoras de ART con el que el Gobierno busca reducir los litigios laborales.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y modificada por el Senado resultó aprobada luego de que la CGT y el Gobierno alcanzaran un acuerdo respecto de los reclamos del sindicato.
Si bien se había llegado a un entendimiento, el gremio adelantó que realizaría nuevos pedidos de modificación, hecho que impulsó a la administración de Mauricio Macri a emitir el primer DNU del año.
Así, con el argumento de que mejorará la atención a los trabajadores accidentados, el Gobierno intentará poner un freno a los litigios desde comienzos de febrero.
Sola sostuvo: «Tienen una idea de sacarlo por DNU o sacarlo por ley, nos da la sensación de que quieren hacerlo sí o sí con nuestro consenso o por decreto». Y añadió que el Gobierno «ha dejado esa inquietud» por lo que van a ver «con el Consejo directivo».
En tanto, concluyó: «Se necesita que haya empleo, estamos en pleno proceso de retroceso del empleo y de las fuentes de trabajo. Para que los trabajadores pasen a estar registrados tiene que haber un fuerte acomodamiento de la situación económica que no está pasando».