En su habitual contacto con la prensa en Casa de Gobierno, el funcionario indicó que “con la administración anterior, el personal había participado de la toma de decisiones” pero a la línea “la adquiere otra empresa, que reclama la toma de decisiones per se”.
“Los empleados -agregó Fernández- no están dispuestos a dejar de tomar las decisiones que tomaban”, por lo cual, es “un tema de management empresarial, de estructura de manejo de la empresa”.
Ante una pregunta, el ministro coordinador descartó por completo una «posible estatización» de la empresa y apuntó que la resolución del conflicto «requiere de una solución judicial».
“Es una situación difícil de salir, sobre la cual la Justicia seguramente va a tomar decisiones, a la cual nosotros simplemente miraremos expectantes”, analzó.
Ayer la línea 60 funcionó con un servicio reducido tras un principio de acuerdo alcanzado con la UTA para la reincorporación de los choferes despedidos, mientras el cuerpo de delegados denunció que no les permiten participar de las reuniones con la empresa.
El conflicto, que ya lleva casi 20 días, volvió a complicar a unos 250.000 pasajeros que utilizan a diario los colectivos de la línea 60, dado que circularon apenas unas pocas unidades de las 340 que dispone la empresa Monsa.