«La Comisión Directiva del Soeail celebra este fallo del juez Poviña, que hizo lugar a nuestro pedido y con el que damos un paso más no sólo en la lucha por salarios y condiciones de trabajo dignas sino también en la memoria de los que en esta lucha dejaron hasta sus vidas», dijo el secretario general del Sindicato, Rafael Vargas sobre el dictamen del juez federal Fernando Poviña otorgó al Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (Soeail) la calidad de querellante en las causas Burgos, Aredez y Bernard que investigan a Carlos Blaquier, principal accionista de la compañía.
Las tres causas agrupan diversos hechos de torturas, secuestros y desapariciones perpetrados durante la ultima dictadura y en los que la fiscalía y las querellas tienen como principales imputados a Blaquier, que en la época y hasta hace poco presidía el Directorio del Ledesma y a Alberto Lemos, su ex administrador.
«A partir de ser oficialmente querellante, el Sindicato puede tomar vista del expediente, presentar pruebas y realizar todo acto procesal tendiente al esclarecimiento de los hechos y condena de los responsables y pedir la prisión efectiva no sólo para los empresarios de Ledesma sino también para el resto de los imputados de las causas», indicaron asesores legales del Soeail.
La causa Burgos y otros es la famosa «causa de los apagones de Ledesma», mientras que la causa Aredez comprende la desaparición del ex intendente de Libertador General San Martín y médico Luis Aredez y de miembros de Comisión Directiva del Soeail.
También la causa Bernard investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra dirigentes del Soeail, así como contra asesores legales tanto del gremio como de la obra social de los azucareros del Ledesma.
Con la decisión adoptada por el juez Poviña, el Soeail suma una nueva querella a las tres causas, de las cuales en las dos primera, Burgos y Aredez, la Corte Suprema debe aún pronunciarse sobre una apelación a la falta de mérito que la Sala IV de la Casación otorgó a Blaquier y Lemos hace un año.
Los camaristas consideraron en ese fallo que no se pudo acreditar la participación de Blaquier y Lemos en unos 400 secuestros de «las noches de los apagones», entre el 20 y el 27 de julio de 1976, perpetrados por represores que utilizaron vehículos del Ledesma en el traslado de obreros y vecinos capturados en Libertador, donde el ingenio tiene su planta industrial y en El Talar y Calilegua, donde están situadas sus mayores fincas cañeras.
La falta de mérito fue apelada ante la Corte por los fiscales Javier De Luca y Ricardo Wechsler, para quienes ese fallo de la Sala IV de la Casación fue un «sobreseimiento encubierto» y la responsabilidad de Blaquier y Lemos en decenas de secuestros y otros crímenes de lesa humanidad debe dirimirse en un juicio oral.