El Instituto Nacional contra la Discriminación Inadi resolvió que hubo discriminación «por cuestiones de género y opinión gremial» en la cesantía de una empleada judicial. La trabajadora oriunda de Chubut fue despedida durante la pandemia en el contexto de medidas de fuerza que tomaba su sindicato para denunciar la violencia que estaban padeciendo las mujeres judiciales.
En marzo del 2021 Gisela Clavio había sido despedida por resolución del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. El «motivo» fue su adhesión a medidas de fuerza por temas salariales y por priorizar su rol de madre en el cuidado de hija recién nacida.
Casi dos años después y en el marco de una demanda al Estado provincial que presentó en octubre de 2021 por despido discriminatorio en medio de la pandemia, el INADI determinó que hubo violencia y que no fue de un solo tipo sino múltiples.
Clavio fue cesanteada del Poder Judicial de Chubut por brindar cuidados maternales a su hija de dos años durante la pandemia 2020, y mientras estaba adherida a medidas de fuerza adoptadas de manera legal por el SITRAJUCH, Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut.
La iniciativa judicial da a entender que durante el proceso sumarial de STJ llevado a cabo únicamente por varones, se violentó y vulneró el derecho a defensa, a debido proceso, y el derecho a decisiones de las autoridades con perspectiva de género. En ese sentido, pone el acento en que a Gisela se la discriminó laboralmente, y se la castigó por ser madre, y maternar en pandemia, informó Crónica Sindical.
También se criminalizó la protesta social, y se violentó el derecho a huelga, el derecho a vivir sin violencias. Y que estas decisiones e instrucción sumarial se llevaron adelante en momentos de gravísima crisis económica provincial, con tres meses de atraso en los pagos de salarios a empleados judiciales, y en un contexto de crisis sanitaria mundial por la pandemia del Covid 19 viviendo en aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).
El gremio expresó al respecto: «Tras un sumario denunciado por irregularidades, y dentro de un ámbito de trabajo sobre el que pesaban informes de existencia de violencia laboral ejercida sobre los trabajadores, la medida tomada por el STJ de la provincia reforzó un estado de desigualdades que hoy se encuentra a la espera de ser revisado, a partir de una demanda que Gisela interpuso contra la provincia. El INADI se expidió con respecto al caso.»