El intendente de La Plata, Julio Garro, se negó hoy a declarar y rechazó los cargos en su contra a través de un escrito, al ser indagado en la investigación por el supuesto armado de una «mesa judicial» en la provincia de Buenos Aires para perjudicar a dirigentes gremiales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), durante la gestión de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Julio Garro arribó pasadas las 10.30 al juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak y en un trámite que duró menos de una hora, entregó un escrito y se negó a declarar, informaron a la agencia de noticias Télam fuentes judiciales.
En ese descargo, el Intendente rechazó acusaciones y sostuvo que no supo que fue grabado en la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, a la que asistió el 15 de junio de 2017 y en la que se habló de impulsar causas judiciales a dirigentes de la Uocra, entre ellos Juan Pablo «Pata» Medina, explicaron las fuentes.
Garro agregó que no conocía a la totalidad de los asistentes y que pensó que los exmiembros de la AFI presentes en esa reunión eran «asesores» de funcionarios.
La semana de indagatorias concluirá el viernes con la citación del exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Darío Biorci,
El lunes último debía presentarse el actual legislador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Pablo Allan, pero su indagatoria se suspendió y se reprogramará una vez que se resuelva si la Legislatura accede a un pedido de desafuero.
La investigación por el supuesto armado de esa mesa judicial durante la gobernación de María Eugenia Vidal seguirá con indagatorias a los ex agentes de la AFI que concurrieron al encuentro en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017.
El juez Kreplak ya le tomó indagatoria a todos los empresarios que participaron de aquel encuentro: solo uno de los hombres de negocios decidió responder preguntas mientras que todos los demás se negaron a declarar y efectuaron descargos por escrito.
Los empresarios confirmaron su asistencia al encuentro, dijeron haber sido convocados de modo «institucional», señalaron que asistieron en busca de soluciones que el Estado pudiera ofrecerles para sus conflictos con la Uocra de La Plata y negaron conocer a los espías que participaron de la reunión.
La semana pasada fueron indagados el exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi, y el exministro de Trabajo del mismo distrito Marcelo Villegas, quienes rechazaron haber participado de maniobras delictivas pero que reconocieron haber tomado contacto directo con agentes de la AFI.
«Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales, se encontraban dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina», sostuvo Grassi en un escrito.
Villegas, por su parte, dio detalles sobre una reunión a la que fue convocado en 2017, en la Casa Rosada, para hablar del entonces referente de la Uocra «Pata» Medina.
«Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos», relató Villegas en el escrito que presentó ante la justicia.
«Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el ministro Germán Garavano (Justicia), el ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y el señor Gustavo Arribas (AFI)», detalló Villegas.
Esta causa se inició a partir de la denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo de un video en el que aparecían, funcionarios del Gobierno de Vidal, dirigentes de su espacio político, miembros de la AFI y empresarios, reunidos en la sede porteña del Banco Provincia.
El contenido de ese video se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina y a otros dirigentes de la Uocra La Plata.
«Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo –la policía política del régimen nazi– una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», se le escuchó decir a Villegas en las grabaciones de aquella reunión.
En la causa se investiga «el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional la Plata o de su Secretario General y allegados», durante el año 2017, según surge del expediente.
En ese contexto, «se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes».
La investigación intenta determinar si existieron presiones, sugerencias o negociaciones entre funcionarios de la AFI y o del gobierno provincial con autoridades judiciales y o del Ministerio Público Fiscal, que implicaron «violaciones a la normativa de orden procesal penal relacionada, al menos, con cuestiones de competencia».
Los últimos dos imputados convocados a indagatoria para esta primera parte de la investigación son el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destefano, y el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, citados para el 29 y el 31 de marzo respectivamente.