Omar “Caballo” Suárez atraviesa momentos más que delicados. Es que en el día de hoy, 30 de octubre, deberá declarar en Comodoro Py acusado de los delitos de entorpecer el transporte y extorsionar empresarios en una causa que llevan adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal federal Gerardo Pollicita.
El Fiscal fue quien pidió la indagatoria del titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que ahora se complejiza por los datos aportados sobre su presunto patrimonio.
Suarez aumentó su poder cuando el gremio se hizo cardo de la única empresa argentina del sector, Maruba, que tenía deudas por US$ 50 millones y pasó a ser gestionada por los propios trabajadores.
El Caballo Suárez está imputado por los delitos de entorpecimiento del transporte (frenó buques del sector energético sin razón aparente) y puesta en peligro de la seguridad de una nave. Pero detrás de la imputación se esconde una supuesta maniobra de extorsión a empresarios.
Los denunciantes son la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos y las empresas Vessel SA y National Shipping, como reveló en su momento el diario Perfil.
Los poderosos empresarios del sector con los que entró en conflictos graves, manejan información muy complicada sobre el presunto patrimonio de «El Caballo» con el que intentan probar las extorsiones en las que incurre el sindicalista.
Los empresarios intentarían demostrar que Suárez tiene un patrimonio que incluye dos propiedades en Monte Caseros, tres departamentos en Capital Federal –incluido un piso en avenida Libertador-, dos inmuebles en Villa Gesell y estancias en Don Torcuato y Puerto Madryn.
Pero la información más sensible que manejan refiere a la presunta propiedad de nueve cunetas operativas en el exterior, en bancos radicados en Venezuela, Panamá, Paraguay, Uruguay y Suiza, en la que habría depositados varios millones de dólares y euros.
Se mencionan cuentas en sucursales del exterior del Banco Nación y en instituciones extranjeras como Lombard Odier Darier Entsch Private Bank Trust, Commerzbank AG y Banque Alternative Suisse, entre otras, que eventualmente corresponderá a la justicia investigar para verificar la veracidad de la información que por ahora circula de manera extra oficial.
Por otro lado, no es un secreto las relaciones comerciales de Suárez con al menos dos empresas del sector: San Jorge Marítima y Marítima Maruba, así como con la Fundación Azul para el Cuidado y la Prevención del Medio Ambiente Marino y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos del Paraguay (SOMUPA) y la firma Fluvioalba Paraguay SA.
La causa comenzó cuando las empresas denunciaron que ante su negativa a “contribuir” con dinero para supuestas campañas de capacitación de los afiliados del SOMU, sus empresas fueron bloqueadas o sufrieron medidas de fuerza.
De acuerdo al pedido de indagatoria de Suárez se buscará averiguar si el dinero obtenido no era destinado a la capacitación sino que ingresaba a la Fundación Azul y luego era desviado a la empresa Marítima San Jorge, manejada por “El Caballo” y el resto de los imputados.
Los otros imputados son Jorge Agustín Vargas y Rigoberto Suárez Cardozo, también miembros del secreatariado del SOMU pero en este momento enfrentados con Suarez, quienes ya declararon ante Canicoba Corral