Ningún trabajador debería ganar (de bolsillo) menos de $ 35.336,50, según una nueva estimación elaborada por la Junta Interna de Ate Indec, que viene realizando este tipo de estudios desde hace años.
El cálculo corresponde a un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores. Se compone de una canasta alimentaria mínima por $ 11.123 y otra de bienes y consumos mínimos por $ 24.213,5. Así, estiman una canasta de consumos mínimos para la región de Gran Buenos Aires (GBA) que alcanza a $ 35.336,50 al 30 de septiembre de 2018.
En el caso particular del sector público nacional, para los técnicos del Indec «queda claro que la pauta salarial del 15 % para el empleado de la administración pública nacional es insuficiente. Ni el pago de dos sumas fijas por única vez alcanza, los $ 2.000 y $ 4.000 pagaderos con los sueldos de octubre y noviembre respectivamente, son menos que un paliativo».
«Este es un ejercicio de estimación donde se trata de utilizar información publicada y emplear metodologías útiles para proveer las mejores aproximaciones posibles como referencia válida para la discusión salarial y otras necesidades de la sociedad», señalan.
Respecto de la metodología, se explica que «las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el Indec, pero todavía no se han aplicado en las mediciones. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la Pobreza, que se siguen empleando para hacer comparables los datos».
También se aclara que Las “Canastas de Consumos Mínimos” no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, y que la misma no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira.
«Pero, en cualquier caso, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio».
A su vez, los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec informaron que la inflación acumulada entre noviembre del 2015 hasta septiembre de este año fué del 139%, lo cual implicó una pérdida de poder adquisitivo en el mismo período del 19,6%.
En el caso de un trabajador de la Administración Pública Nacional con una categoría testigo D0 implica una pérdida de $92.540. En el informe agregan que «Cabe señalar que si bien todos los trabajadores han perdido contra la inflación, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha sido de una leve mayor intensidad que en el sector privado.»