En el marco de las presentaciones judiciales, ATE Neuquén consiguió el primer aval. La titular del juzgado de Juicios Ejecutivos N°2 de Neuquén, María Victoria Bacci, hizo lugar a la medida cautelar para frenar la aplicación del Impuesto a las Ganancias en los trabajadores estatales de la provincia. Le ordenó al gobierno mantener vigente las leyes y convenios colectivos que habían excluido del mínimo no imponible un 40% del sueldo.
La magistrada María Victoria Bacci manda la primera señal judicial al Gobierno sobre Ganancias y dijo que en el caso neuquino debe aplicarse «especialmente» la ley 3378 «hasta tanto recaiga sentencia definitiva» sobre la acción de inconstitucionalidad que pidió el gremio.
Es la que establece que las remuneraciones de los estatales de Neuquén se componen en un 60% de sueldo y en un 40% del concepto de dedicación funcional. Este último «constituye el reintegro de los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas que se originan por el desempeño de la función» y no pueden estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Bacci dijo en su resolución que el dictado de estas leyes serían «el resultado del ejercicio de las prerrogativas del Estado Provincial con apego a la clave federalista en la que está escrita nuestra Constitución Nacional».
«El gobierno local, puntualmente el Poder Legislativo, es quien tiene el conocimiento directo de la situación económica en la región motivo por el cuál debe tener la potestad de sancionar aquellas normas legales que viabilicen el cumplimiento –por parte del Poder Ejecutivo Local– de aquello que la Constitución Provincial manda», argumentó.
Para la jueza, además, se justificó dictar la cautelar por el peligro de demora que supondría «la inminencia de la liquidación de los haberes de los empleados estatales» de julio.
Agregó también que este peligro de demora «debe juzgarse a su vez conjuntamente con el perjuicio al que se verían expuestos los trabajadores nucleados por la amparista en este escenario de profunda crisis económica y de recesión que azota a la economía, lo que se traduciría en una imposibilidad de ulterior reparación».
La decisión de la jueza Bacci va en consonancia con el pedido de ATE pero también con el dictamen del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, quien pidió que se le dé la razón al sindicato en alineamiento con el gobernador Rolando Figueroa.
Bacci en su resolución añadió citar al Estado nacional en la causa en virtud de que podrían llegar a verse comprometidos sus intereses.
