El sindicato del trabajadores de estaciones de servicio SOESGyPE, cuestionó la reforma laboral incluida en la legislación recientemente aprobada en el Congreso que había sido impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El gremio que lidera Carlos Acuña SOESGyPE a través de sus asesor letrado dejó plantada posición sobre la flexibilización laboral que se impuso desde el Congreso con la llamada Ley Bases.
Por medio del abogado Enrique Rodríguez, los trabajadores organizados de Estaciones de Servicio expresaron sus reparos y preocupaciones respecto a las modificaciones introducidas por la normativa.
El exministro de Trabajo de Carlos Menem en diálogo con surtidores.com.ar, señaló que uno de los puntos más controvertidos es la constitucionalidad de las medidas, especialmente en relación con el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Este, establece la progresividad de las condiciones y derechos adquiridos por los trabajadores, que según el letrado, “están por encima de cualquier otra norma legal“. Adelantó que en este sentido, la nueva ley podría entrar en conflicto directo con la Carta Magna, generando incertidumbre y malestar entre los empleados de Estaciones de Servicio.
El abogado laboralista, también manifestó su preocupación por las sanciones que la Ley Bases impone a quienes “realicen bloqueos en los lugares de trabajo“ y considera que esta disposición resulta peligrosa para el normal desarrollo de asambleas y reclamos sindicales.
“En muchas ocasiones, el SOESGyPE debe intervenir en establecimientos que presentan conflictos por retrasos en los pagos o cuestiones particulares. Estas acciones, que son legítimas y necesarias, podrían ser consideradas por las autoridades como actos de bloqueo, lo cual no es el caso de ninguna manera“, explicó.
Rodríguez se mostró aliviado de que la Ley Bases no incluya modificaciones en los aportes patronales. Además, expresó que la implementación del “seguro de desempleo“, una figura que vendría a reemplazar a las indemnizaciones por despido, debe ser acordada y aprobada por el sindicato, porque de lo contrario, “resulta imposible imponer este concepto“, afirmó.
Este seguro, según Rodríguez, es un retroceso claro de los derechos adquiridos pero podría ofrecer una alternativa viable para los nuevos trabajadores, siempre y cuando se respeten los convenios colectivos de trabajo homologados, que proporcionan un marco jurídico de protección indispensable.
En ese aspecto, recalcó que el sector estacionero mantiene todos sus convenios colectivos homologados, lo cual brinda un marco de seguridad jurídica para los trabajadores. “Sin estos convenios, los empleados quedarían en una situación de vulnerabilidad”, resaltó Rodríguez.
“La entidad sindical se mantiene firme en la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores y en la necesidad de un diálogo constructivo para garantizar que cualquier cambio en la legislación laboral respete los principios consagrados en la Constitución Nacional”, finalizó el letrado.
