La organización de abogados laboralistas Corriente 7 de julio emitió un comunicado a través de sus redes donde explicitó los principales puntos específicos de conflicto con el proyecto de ley de la oposición para eliminar las indemnizaciones. Para empezar es anticonstitucional y para seguir, no va a bajar el nivel de litigiosidad como dicen. Va a trasladas el costo al Estado y va a aumentar la precarización laboral.
«Los proyectos de Ley presentados por el macrismo, bajo la retórica de libertad para despedir, buscan en realidad trasladar el costo del despido al Estado Nacional.«, empezaron.
Desnudaron además uno de los móviles de las empresas para apoyar y militar esta idea: «Estos proyectos, a la medida de las demandas de las grandes empresas; quienes esperan beneficiarse de una cadena de rotación mucho más rápida que les permita profundizar y normalizar el poder a través de la amenaza del despido, solo significa retrasos de derechos.»
«El carácter solidario del fondo brinda la posibilidad de que los empleadores que quieren despedir hagan uso de la totalidad de los aportes integrados al mismo, socializando de este modo la reparación de un daño cometido por solo una persona.«, explicaron.
Implica una disminución de la indemnización; ya que el aporte es realizado sobre la “remuneración bruta” y elimina las indemnizaciones por preaviso e integración del mes de despido.
A modo de ejemplo, un trabajador despedido en su tercer año de relación laboral percibiría, COMO MÍNIMO, un 32% menos que con la actual fórmula indemnizatoria.
No evita el litigio judicial; los motivos más comunes continuarían existiendo, tales como; multas por trabajo no registrado, diferencias salariales, y/o cualquier tipo de indemnización motivada en hechos discriminatorios, en la existencia de violencia laboral.
Es absolutamente inconstitucional, al normalizar el despido quitándole su carácter antijurídico, se elimina del sistema normativo la efectivización de la protección contra el despido arbitrario, circunstancia que determinará la judicialización de los mismos.
Implica un aumento en la discrecionalidad del empleador; normaliza el poder de amenaza del despido, buscando aniquilar el poder de conflicto y la posibilidad de defensa de los derechos de las personas que trabajamos.