En medio de las tensiones internas, se postergó la mesa que iba a reunir a la CGT con el Gobierno y los empresarios por la reglamentación de la Reforma Laboral

La cumbre estaba convocada por Trabajo. Buscaba sentar a los empresarios y a la CGT para analizar y discutir la implementación de cambios en la ley de Contrato de Trabajo, aprobados en la ley Bases. Buscaba consensuar la reglamentación de la penalización a las protestas gremiales. «Ni loco me sentaría a negociar con esta gente, hay que confrontar», había sentenciado Pablo Moyano en las últimas horas.

La convocatoria había sido efectuada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, como «continuidad de las mesas de diálogo social impulsadas desde el Ministerio de Capital Humano» e invitaba «a las representaciones empresarias y de trabajadores a una mesa de diálogo técnico tripartito» con el objetivo de analizar «el nuevo artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, sancionado en la Ley Bases».

El encuentro para el que habían citado a la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Argentina de la Median Empresa (CAME) y a la CGT se iba llevar adelante hoy a las 14hs en Alem 650, sede de la secretaría de Trabajo.

Sin embargo se cayó de último momento. Según pudo averiguar InfoGremiales se trata de una «postergación» aunque sin fecha precisa para volver a la mesa de debate. Se retomaría en noviembre.

La porción mayoritaria de la CGT había pensado enviar representantes legales. Ese plan, al parecer, entró en crisis en el marco de la interna que atraviesa la conducción de Azopardo con la salida de su secretario Gremial Mario «Paco» Manrique y la advertencia de su cotitular, Pablo Moyano, que encabeza una protesta el próximo 30 de octubre.

«Ni loco me sentaría a negociar con esta gente, hay que confrontar», había sentenciado Pablo Moyano en las últimas horas. Casi un aviso de fractura en caso de que avancen en ese sentido sin consultar a su espacio.

InfoGremiales ya había anticipado que la participación cegetista traería un debate interno y que no iba a ser sencilla. Se evaluará una vez que pase la protesta que promueve Moyano y el momento sea algo menos delicado.

Es que en paralelo el Gobierno anunció el cierre de la AFIP y la privatización del Belgrano Cargas, dos determinaciones difíciles de digerir y que obligaron hasta a Andrés Rodríguez, un talibán del dialoguismo, a declararse en Estado de alerta y movilización.

Qué dice el artículo 242 de la ley Bases y cuál es el punto que quiere discutir el Gobierno

El artículo 242 en cuestión, modificado por la ley Bases, se refiere a la interpretación legal de la «Justa causa» en caso de despido. El punto candente de la discusión radica en lo que se entiende por bloqueo «parcial» o «total» a empresas.

«Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente», indica el artículo.

En julio, a la salida de una reunión con Cordero, el triunviro Héctor Daer se quejó de la «vaguedad» de las modificaciones implementadas a la ley de Contrato de Trabajo. «Los artículos tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral», afirmó. La central obrera venía solicitando una audiencia para atenuar todo lo posible los efectos que, consideran, negativos para los derechos laborales.

La nueva mesa tripartita intentará impulsar un consenso por la implementación del nuevo artículo 242, el cual aún no fue reglamentado por el Gobierno. Para la CGT, la falta de certezas sobre su aplicación pone en riesgo el derecho a huelga.