(Por Pablo Maradei) La CGT blanqueó la preocupación por el impacto de «las nuevas tecnologías» y «la inteligencia artificial» en el mundo del trabajo. La «uberización» precariza el trabajo y marca el retroceso de la organización colectiva. Además surge la preocupación por la falta de protección social. Ya hay un primer intento de encuadrar a los trabajadores de delivery.
«En definitiva son mini reformas laborales las que se van imponiendo», grafica un destacado sindicalista ante la consulta de InfoGremiales respecto al punto del documento que emitió la CGT en el que se destaca avanzar «en regulaciones» en todo lo que tenga que ver con «las nuevas tecnologías» y «la inteligencia artificial», entre otras cuestiones.
El punto en cuestión dice así: «Abordar los cambios en el trabajo asociados a las tecnologías de la información y la comunicación, a la inteligencia artificial y a la automatización de los procesos productivos promoviendo el diálogo entre los actores sociales involucrados, con el objeto de activar los mecanismos regulatorios necesarios que permitan hacer de la revolución científico tecnológica un instrumento de transformación para el desarrollo con inclusión social».
Continúa y enumera: «Los trabajadores de la economía popular devenidos cooperativistas que no tienen relación de dependencia cobran planes y no tienen ni vacaciones pagas ni aguinaldo entre muchas falencias». Sigue: «Lo mismo pasó con UBER y todo el conflicto que trajo con los taxistas».
Finaliza: «Y esta semana se reavivó el mismo tipo de conflicto en torno a los trabajadores que hacen Delivery; los que al igual que los anteriores tampoco tienen derechos laborales«.
Por todo esto, y por lo que los sindicatos tradicionales van perdiendo terreno es que en el documento de la CGT se dio lugar al tema de las «nuevas tecnologías«. El panorama es desolador: menos afiliados, menos recaudación, reforma laboral de hecho, y más monotributistas que se suman a las obras sociales sindicales. Un combo explosivo en una argentina detonada, si de economía hablamos. De hecho, en otro punto figura el pedido de «el fortalecimiento de los sistemas de salud y seguridad social«.
Cualquiera de aquellas discusiones no son novedad; sino que se suman capítulos por los que termina imponiéndose todo tipo de flexibilización laboral. Para el gobierno de Cambiemos, cuando este tema de los repartidores entraba en debate desacreditaban la posición sindical alegando que los trabajadores eran «emprendedores que deciden cuándo trabajar o no al conectarse o desconectarse de la Aplicación para trabajar».
Del otro lado les contestaban: «No hablamos de gente que toma sol y decide, ya que está en bici, juntarse unos mangos haciendo un reparto; estos chicos para vivir de repartidor trabajan 10 horas promedio por día; nada de emprendedurismo; esto es esclavitud porque, pese a lo expuestos que están, ni ART tienen».
Así las cosas, llamativo fue que hacia finales del año pasado el proyecto de ley que promueve el canillita y senador provincial Omar Plaini, de armar un registro de trabajadores de Delivery, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores; algo que no pasó cuando se giró a Diputados.
En esta instancia deberá recorrer cuatro comisiones (Trabajo, Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales) en las que también se escuchará la posición de los trabajadores, empresarios y cámaras de sectores como es el gastronómico ya que la distribución de comida es un rubro de peso en el sistema de reparto).
A tal punto importa el tema en la CGT que Héctor Daer en su alocución post reunión de Consejo Directivo resaltó que apoya el proyecto que presentó Plaini; a la par de que el canillita estaba ahí entre los dirigentes que acompañaban al co-secretario de la CGT.
La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM) tiene personería gremial en CABA y siempre tuvo disputas con otros gremios por encuadramiento de trabajadores. En Provincia no hay una representación clara de quién representa a los trabajadores, y las fuentes contactadas también aseguran que estos «pseudo sindicatos fueron armados por las empresas«.
Una inquietud: ¿Qué respaldo tendrá el que vaya a hablar en nombre de los trabajadores? ¿A quién representa?
Algunos datos que contaron a InfoGremiales desde el búnker de Plaini: «A nivel país hablamos de 100.000 trabajadores de los cuales el 50% se desempeña en la Provincia de Buenos Aires». Continúa: «Todos las personas que vemos repartiendo no tienen un piso de derechos, pero las empresas dueñas de las aplicaciones sí tienen trabajadores en blanco que son los programadores; hablamos de unos 2.500 a nivel país». Completa: «¿Sabés por qué? Porque al tenerlos en blanco los desarrollos que hacen para eficientizar y mejorar el algoritmo pertenecen a la empresa; entonces ellos saben que el conocimiento que aportan estos universitarios les queda ellos; pero el músculo del trabajo está en la informalidad total; es por eso que decimos que hay una doble vara«.
La disyuntiva es el debate contemporáneo ante estos cuadros de situación: mantener las fuentes de trabajo bajo un esquema de precarización o bien avanzar con las regulaciones que terminan, en el peor de los casos, con empresas que deciden bajar las persianas.
El proyecto en sí…
InfoGremiales accedió al proyecto de ley que busca su sanción en la legislatura bonaerense: contempla que se arme un registro de los trabajadores y que aporten información respecto a horarios de conexión y desconexión como para tener un mapa del sector. Por más que se aprobara esta ley, no se podría avanzar en la regularización de los trabajadores como para que pasen a ser empleados en relación de dependencia porque eso depende de una ley que salga del Congreso de la Nación. El sector empresario entiende que una cosa está atada a la otra y que en caso de avanzar estarían a la vuelta de la esquina el blanqueo de los dependientes.
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