(Por Pablo Maradei) En la Ley Ómnibus se incluyó como en el macrismo el traslado del fuero laboral de la órbita federal a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se busca es que el Tribunal Superior de Justicia porteño tenga incidencia sobre las resoluciones laborales desde una perspectiva que no contempla la vulnerabilidad de los trabajadores ni respeta sus organizaciones sindicales. «Vos podés corromper a un juez nacional; pero en el fuero laboral son tantos que no podés estar sobornando a 300 jueces», resumió Maia Volcovinsky de la UEJN.
Otra vez sopa: en este caso, la extensa normativa conocida como Ley Ómnibus que ingresó esta semana al Congreso para su tratamiento incluye en sus 664 artículos condensados en 351 páginas, el traspaso de fueros de la órbita nacional a los tribunales de CABA. Hablamos de los fueros Civil, Comercial, Laboral, Criminal y Correccional.
Durante el macrismo se había impulsado idéntica medida que no prosperó; y lo que siempre está detrás es la cuestión política más que técnica. En conversación con InfoGremiales, Maia Volcovinsky, la secretaria adjunta de la UEJN (Unión de Empleados de Justicia de la Nación), explica: «Hace 25 años que insisten con esto; no es nuevo. Y esto es porque el fuero del Trabajo es ejemplar en sus fallos y porque son jueces no presionables. La avanzada en sí es porque al poder no le gusta que le pongan límites«.
Completa: «Queremos generar conciencia de lo que es esto; los poderosos quieren manejarlo todo, no creen en el sistema republicano«.
La definición está atada, entre otras cuestiones, a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA, es manejado políticamente por el oficialismo local; y por lo tanto permeable a sentencias pro empresas. Amplía la dirigente sindical: «Los jueces en CABA son perseguidos; existe un sistema de disciplinamiento político que te permite armar un jury desplazar a cualquier juez. Por eso existe un alineamiento rápido en la Ciudad». Cierra: «Esta diatriba que tenía Macri y repite Milei porque buscan lo mismo. A ver: vos podés corromper a un juez nacional; pero en el fuero laboral son tantos por las distintas causas judiciales que se originan que no podés estar sobornando a 300 jueces».
Un juez nacional del fuero laboral consultado para esta nota dice con otras palabras conceptos similares a los de Volcovinsky: «El traspaso esconde toda una cuestión política: el Tribunal Superior de Justicia porteño fija con sus fallos doctrina para los tribunales inferiores; ni siquiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene fallos casatorios«.
El mismo funcionario judicial también justificó su rechazo desde el punto de vista técnico: «Hay una diferencia clave al comparar nuestro fuero con el Civil y Comercial; más allá del interés del conjunto de que no haya traspaso, y este es que nosotros somos una instancia revisora de todo lo actuado por el Ministerio de Trabajo; y esto solamente lo puede hacer una autoridad jurisdiccional nacional y no local. Por eso esto tiene una objeción técnica que lo hace inviable desde la formalidad; no es viable formalmente». Amplìa: «Lo estipula la ley 18.345 que otorga competencia originaria a la Cámara de Apelaciones del Trabajo y este es un elemento fundamental; porque si traspasás, están obviando la competencia federal».
Un rechazo conjunto del sistema judicial
A su vez se pronunciaron en contra, a través de un documento, los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país. El extracto vinculado a la cuestión laboral dice: «La Justicia Nacional del Trabajo, al igual que la Justicia Civil, decide diariamente conflictos individuales derivados de relaciones de trabajo que se suscitan en todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca, puesto que las empleadoras tienen domicilio legal en la Capital de la Nación. Ello rige también respecto de los accidentes y enfermedades laborales de aquellas personas trabajadoras que prestan tareas y se domicilian en provincias que no han adherido al régimen de la ley 27.348».
Sigue: «A la Justicia Nacional del Trabajo corresponde entender en cuestiones de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo –hoy Secretaría de Trabajo-, y en planteos judiciales derivados de las declaraciones de insalubridad dispuestas por las autoridades administrativas de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la normativa vigente». Completa: «La Justicia Nacional del Trabajo posee competencia para resolver todo lo relacionado con vinculaciones laborales, aunque se trate de contratos que se desarrollan en las distintas provincias de nuestro país».
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