Con un llamativo tiempismo político, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidió extender la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por 180 días más. Para el fallo arguye que «aún no están dadas las condiciones para llamar a un proceso electoral para que los trabajadores elijan a sus futuros dirigentes».
La prolongada intervención, recordemos que ele gremio fue intervenido en febrero de 2016, visibiliza un pacto entre el Gobierno Nacional y el poder judicial. Es a partir de ese acuerdo que el oficialismo y el juez se reparten los cargos y las cajas del gremio de los marineros, al son del secuestro de la herramienta electoral.
Con esta decisión se pospone el cronograma original de llamar a elecciones para fin de año por lo que se pospondría para febrero de 2018, que es cuando vencería este nuevo plazo.
Mientras tanto los interventores hablan de un proceso de depuración del padrón a medida de Cambiemos para tener una dirigencia sindical afín. A cargo de la tarea están Silvio Torres y el delegado normalizador designado por el Ministerio de Trabajo, Alfredo Bertonasco, quienes son las caras de la persecución política y sindical a los afiliados.
La decisión de Canicoba, que puso al frente de los millonarios fondos de la obra social de los marineros a su cuñado, desdice dos fallos judiciales que habían ordenado el cese de la ya eterna e irregular intervención judicial y la devolución del gremio a sus verdaderos dueños, los afiliados.