El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) sigue pasando momentos de desconcierto. A pesar de que la intervención judicial al gremio llegó con la expectativa de dar certezas, orden y previsibilidad, nada de ello ocurrió. En sólo unos meses los problemas del gremio se multiplicaron, y ahora, además de tener cuestionados a los dirigentes procesados, tienen una cúpula judicial que estalló con dos de los interventores renunciados y la que queda en funciones denunciada por incompatibilidad de cargos.
La intervención nombrada estaba a cargo de Gladys González (diputada nacional por el PRO), Jorge Carlos Alonso (por el Ministerio de Trabajo) y Santiago Viola (por el juzgado). Pero en los últimos días se vivieron momentos de máxima división que terminaron con la fractura. Es que los manejos unipersonales de la legisladora, empecinada en hacer cambios de fondo en el sindicato, abrieron una fuerte disputa que empujó la salida de sus pares.
Las disidencias, que primero tomaron tintes judiciales a través de un escrito que Alonso presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y al que accedió en exclusiva InfoGremiales, terminaron en la renuncia de Alonso y Viola.
En el texto elevado a Canicoba, Alonso señalaba la falta de criterios comunes con la diputada y cargaba contra Gonzalez por aprestarse a negociar salarios a la baja y una modificación en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad. Atribuciones, que según el ahora ex interventor, colisionan con el espíritu de las funciones para las que fueron designados.
Alonso expresaba que Gonzalez se mostró en favor de una recomposición salarial del orden del 23% semestral en dos tramos, mientras que su criterio (compartido por Viola) es el de un acuerdo anual que alcance el 33%, similar al patrón salarial estándar. Pero los problemas no terminan ahí. Es que remarca que la legisladora se mostró proclive a acceder a la modificación de los convenio colectivos de trabajo del gremio, algo que dista del criterio de mantener el status quo para lo que los nombraron.
Los pares de la legisladora macrista, además, la critican por «los diferentes criterios respecto de la incorporación de personal al plantel del sindicato». Las mayores discrepancias se plasmaron en las áreas de prensa, personal e informática. Los interventores salientes comentan que, por ejemplo, en el área de personal, Gonzalez «persigue la designación de una perona cuyo salario superaría con holgura (50%) al de la persona que desempeña el cargo actualmente».
Como si fuera poco, Alonso y Viola dejan entrever que descreen de las amenazas que habría recibido la diputada nacional por parte dirigentes del SOMU en la seccional de Corrientes. Toda una declaración de principios sobre el quiebre irreversible entre ellos.
Lejos de sentir el impacto, la diputada del PRO mandó a redactar velozmente un comunicado en el que confirma que seguirá sola al frente del gremio. «Comienza una etapa en la que podremos avanzar con mayor celeridad y sin obstáculos», sostiene Gonzalez, sin hacerse cargo del golpe recibido.
La tozudez de Gladys, que ya desató el terror en el seno del personal de planta del gremio, ahora toma ribetes nepoticos. Lejos de mostrar un sindicato modelo, dar una señal al sindicalismo desde el gobierno nacional y lograr las pruebas para que Omar «Caballo» Suarez termine preso, hoy el gremio es un hervidero con una historia de final incierto.
Por su parte Mario Moratto, secretario General del gremio tras la salida de Suarez, sostuvo: «Las renuncias de los interventores y el caos general en que se encuentran nuestra Organización, demuestra el error de haber intervenido caprichosamente nuestro gremio».