La medida de fuerza, que ya cumplió su tercera jornada consecutiva y va por su cuarto día, afecta el normal comienzo del ciclo lectivo en las escuelas públicas del distrito, la actividad en los hospitales de Ushuaia y Río Grande, en las oficinas municipales y en otras dependencias públicas, incluyendo el banco de la provincia.
Los sindicatos estatales abandonaron la toma del edificio de los bloques políticos de la legislatura, y trasladaron la protesta frente a la Casa de Gobierno fueguina, donde montaron una docena de carpas y exigen ser recibidos por funcionarios de la gestión de la gobernadora Rosana Bertone.
Por su parte las autoridades, que habían citado a los gremios a una reunión el próximo jueves, adelantaron el encuentro 24 horas, e informaron que están dispuestos a recibirlos el miércoles a la mañana.
El eje del conflicto son las leyes sancionadas entre el 8 y 9 de enero, que modificaron las condiciones de acceso a la jubilación y declararon la emergencia del sistema previsional, creando un Fondo Solidario para el pago de jubilaciones al que aportan trabajadores activos y en pasividad.
“Vamos a seguir de paro hasta que deroguen estas leyes”, afirmó el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef), Horacio Catena.
En tanto el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Grande, Marcelo Córdoba, criticó a la gestión de Bertone por “aplicar un ajuste en el sueldo de los empleados”, mientras que el Sindicato de Profesionales de la Salud de Tierra del Fuego anunció que como repudio a la reforma previsional “suspenderá las prestaciones médicas programadas en los hospitales públicos, por un lapso de tres días”.
Por su parte el ministro de gobierno fueguino, Gastón Díaz, llamó a “mantener los canales de dialogo” y se comprometió a “informar detalladamente la situación financiera de la provincia en general y del sistema previsional en particular”.