El gremio planteó la necesidad de discutir desde «una lógica diferente la recomposición del poder adquisitivo del salario, la contención de los efectos de las tarifas públicas y el transporte y la declaración de la emergencia ocupacional para proteger los puestos de labor, ofrecer estabilidad y fortalecer las políticas públicas».
El titular de la organización sindical, Daniel Catalano, afirmó que el gremio solicitó la apertura de las negociaciones para el personal contemplado en el convenio colectivo 214/06, y reseñó que las paritarias de 2016 y 2017 provocaron «la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación y los aumentos de tarifas y el transporte, lo que fue acompañado por despidos y una mayor precariedad de las condiciones laborales».
«Esas políticas no redundaron en una mejora de las estrategias públicas del Estado y el bienestar económico-social de los trabajadores. Por el contrario, generaron una crisis y, ahora, se anunció el regreso a los planes del Fondo Monetario Internacional (FMI)», dijo.
Para el dirigente, las condiciones que impondrá el organismo provocarán «un mayor ajuste a quienes menos tienen, como jubilados y pensionados, los estatales nacionales, provinciales y municipales, los trabajadores privados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con más deuda y desempleo, hambre e inseguridad».
También aseveró que determinar «un aumento por debajo de la meta de inflación del 15 por ciento, no abordar el impacto del tarifazo y mantener despidos y precariedad profundizará la crisis», por lo que solo volcando recursos a «los bolsillos de los trabajadores, protegiendo los empleos y fortaleciendo el rol que las políticas públicas deben cumplir a favor de la población podrá mejorarse la economía» nacional, concluyó.