Con un paro y cortes de calle, los estatales porteños agremiados en ATE volvieron a mostrar su disconformidad con las políticas públicas del Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires. Los dirigentes estatales porteños José Matassa, Virginia González Ríos, Humberto Rodríguez y Alejandro Gianni explicaron que el gremio también exige «el encasillamiento y derecho a la carrera».
Los estatales demandan un mínimo de 4.000 pesos de incremento salarial para la categoría más baja; el pase a planta de los contratados y precarizados bajo distintas modalidades, transparentando ese proceso con veeduría gremial, y la estabilidad interina hasta producirse concursos en los organismos de control.
También exigen el reconocimiento de la tarea y función, el aumento de las asignaciones familiares, el otorgamiento del Código de Descuento para los trabajadores porteños, licencia terapéutica para el personal de salud mental y un pronunciamiento por la absolución de los procesados en la represión del Hospital Borda.
En otro orden, la Junta Interna de Delegados estatales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público metropolitano denunció hoy que continúa «la precarización» y que se procura vaciar la Dirección General de Reciclado (DGREC) y el Sistema de Recuperadores Urbanos, según un comunicado de prensa.
Los trabajadores de esa cartera porteña señalaron su «profunda preocupación» ante «el desguace que sufre la Dirección General de Reciclado por obra de la subsecretaría de Higiene Urbana a partir del nulo avance en el pase a planta permanente y la situación de precarización por la que atraviesan los contratados».
«Denunciamos el intento de traslado arbitrario y compulsivo de decenas de trabajadores de la DGREC a la Dirección General de Fiscalización como una clara política de vaciamiento. Nos oponemos a la creación de reparticiones públicas, con el consecuente maltrato de empleados transferidos a ellas, lo que solo responde a los caprichos de los funcionarios», puntualizaron los delegados.
También señalaron que «una de las principales funciones de la DGREC es el fortalecimiento y control del Pliego de Residuos Sólidos Urbanos Secos, licitado por cooperativas de recuperadores urbanos que nuclean a más de 5.000 cartoneros».
«Esa tarea es posible por el compromiso de sus 170 trabajadores, insuficientes para la complejidad del sistema público de recolección de residuos reciclables con inclusión social, que abarca la recolección de los recuperadores, la logística, la gestión de los centros verdes y la comercialización», señalaron.
También explicaron que la ciudad tiene 15 comunas, 48 barrios, 12.255 manzanas, una dimensión de 202 kilómetros cuadrados, 60,5 kilómetros de perímetro y más de 8.000 cartoneros (5 mil en el sistema y 3 mil independientes, aunque no hay mediciones oficiales), por lo que la cantidad de personal de la DGREC en el territorio metropolitano es absolutamente insuficiente.
«El traslado compulsivo de 37 trabajadores sobre un total de 170 representa el 21 por ciento menos de personal. Los Responsables de Grupo (RG) son 76, por lo que ese vaciamiento es del 48,6 por ciento y significa menor presencia estatal en la calle. Los trabajadores que se procura trasladar cumplen una función central para el proceso de formalización», añadieron los delegados.
También subrayaron que aún «no hay claridad sobre el ‘Plan de Trabajo 2015’ de la DGREC, es decir, cómo se cumplirán las metas de la Ley 1.854 y las responsabilidades asumidas por el Ejecutivo en el Pliego de Residuos Sólidos Secos».
«Se piensa más en la campaña y la necesidad de recaudar que en implementar políticas públicas necesarias para avanzar en la problemática del reciclado de la ciudad», concluyeron Eduardo Nasif y Santiago Fernández Galeano, de la Junta Interna.