Con una agrupación compuesta por empresarios de la actividad, ex interventores designados por Jorge Triaca, abogados y hasta amigos personales del ex Secretario de Trabajo, el macrismo busca quedarse con la caja del gremio de Seguridad. Quiere desplazar a Ángel García y volver a manejar los recursos estratégicos del sector.
Con una movilización a la sede del gremio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que pidieron la intervención de la Obra Social sindical, el macrismo empezó a visibilizar la estrategia con la que intentará volver a controlar al gremio de seguridad privada, UPSRA, organización que mantuvo intervenida durante casi toda la gestión de Cambiemos en el Ejecutivo.
Se trata del sindicato que lidera Ángel García, repuesto judicialmente luego de la intervención promovida por Jorge Triaca, que tiene un importante flujo de recursos y que, además, suele contar con un manejo clave de información sensible.
La jugada tiene como protagonista a Matías Ernesto Perez Manghi, un empresario del sector propietario de la firma Siseg Internacional, que busca manejar el gremio a través de su alfil Alejandro Ramirez, un hombre con pasado en el Sutcapra y que ahora es «candidato» apuntalado, además, por los actores residuales que dejó Triaca.
El apoyo del versátil Perez Manghi, también escritor del libro «Antiperonista es tu culpa» y editorialista de medios de comunicación, es el armado que dejó latente el macrismo a través de Patricio Castro, un amigo de la infancia de Triaca puesto a dedo por el por entonces Ministro de Trabajo y que tuvo intenciones de quedarse con la Secretaría General de UPSRA a través de las elecciones.
El plan de Castro, que nunca trabajó en una empresa de seguridad, era utilizar la caja de la organización y la estructura que le facilitó Cambiemos para promover su candidatura. Esa campaña voló por los aires cuando se conoció un video en el que se lo ve a él y a Adrian Corti, chofer y hombre de confianza de Triaca, apilar fajos de billetes y repartírselos.
El episodio terminó en una presentación judicial en la que también se denunció Sergio Ernesto Borsalino (cuñado de Triaca), por haberse juntado en una asociación ilícita con el objetivo de crear empresas fantasmas que sobrefacturaron y estafaron al gremio. Se estimó que, con esa maniobra, se quedaban unos 1.5 millones de pesos mensuales. Aún así Castro dejó algunas terminales que está activando por estas horas para ponerlas al servicio de Ramirez.
Según pudo saber InfoGremiales, el propio García está preparando una nueva presentación para denunciar en la justicia penal a Perez Manghi, y al resto de los actores, por asociación ilícita.
La sospecha en el entorno de García es que la movilización de ayer estuvo promocionada por el triaquismo, que no abandonó su ambición sobre el sector, y que buscan articular fuerzas para volver a quedarse con la caja gremial en el marco de un año electoral.
Entre los nombres que circulan como operadores de Perez Manghi se encuentran los de varios de los interventores que pasaron por la organización, el de la hermana de Triaca y hasta el de un abogado laboralista que supo llevar el caso y había aparecido en el armado de Castro como candidato a dirigente a cargo de las afiliaciones.