Extrabajadores de empresas estatales privatizadas durante los años ’90 se movilizarán hoy al Congreso nacional para pedir la sanción de las leyes de reparación para los empleados de esas entidades públicas que resultaron «excluidos de los programas de propiedad participada» y reclamar además «la recomposición de sus derechos laborales y previsionales».
«Solicitamos al Congreso Nacional la sanción de las leyes de reparación; por la propiedad participada de las empresas públicas privatizadas y los derechos laborales y previsionales de los compañeros cesanteados durante el proceso de privatizaciones», anunciaron los trabajadores a través de un comunicado.
Los organizadores de esta protesta, que se concentrará a las 12, en Plaza Congreso, recordaron además que la ley de reforma del Estado promovida durante el Gobierno de Carlos Menem habilitó «el desguace de las empresas públicas».
Esa norma tuvo como consecuencia que «miles de trabajadores en todo el país quedaran desempleados a través de un mecanismo de despidos encubiertos que fueron disfrazados de retiros voluntarios», añadieron.
«Las empresas privadas, extranjeras y multinacionales, se quedaron con las empresas del estado. Pero a los ex trabajadores/ras se los excluyó del Programa de Propiedad Participada y del cobro de los Bonos de participación en las ganancias. Esos mecanismos los beneficiaban con parte del capital accionario que la misma ley preveía. Hasta la fecha no hemos cobrado a pesar de nuestros reclamos permanentes a lo largo de estas tres décadas», señalaron.
En este sentido, también explicaron que «esa no fue la única secuela que dejó el proceso de privatizaciones», y recordaron que muchos de aquellos trabajadores que «no encontraron la manera de reincorporarse al empleo formal hoy no cuentan con los aportes jubilatorios para acceder al ingreso que les habría correspondido».
«Solicitamos al Congreso Nacional el tratamiento urgente y sanción de los proyectos de ley que se encuentran tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional», indicaron.
Finalmente, los trabajadores afirmaron que «tres décadas son más que suficientes» para que el Estado nacional repare el daño causado y que miles familias en todo el país «reciban lo que les debería haber correspondido por ley».