La Federación Nacional de Peones de Taxis (FEPETAX), que encabeza Jorge García, se declaró en Estado de Alerta y Movilización luego de que el gobierno desregulara el transporte interjurisdiccional de pasajeros con la publicación del Decreto 883/2024, que otorga a las empresas libertad para establecer rutas, horarios, tarifas y tipos de vehículos sin autorizaciones previas. Lanzaron críticas al Gobierno Nacional por esta nueva medida que «emboza un flagrante fondo de negociados, quizás sumamente necesario para sostener una campaña política ya puesta en marcha».
Así, manifestaron duramente que “nuestra querida Nación abandona la forma Representativa, Republicana y Federal, arrogándose el Poder Ejecutivo Nacional la potestad de legislar y ejecutar. Solo resta saber si también asumirá el rol de la Justicia”.
En la misma línea, Jorge García y Miguel Ángel Soto, Secretario de Finanzas de la Federación, señalaron que si bien desde el Gobierno hablan de modernización, este tipo de medidas deberían ser calificadas como precarización. “Lamentablemente en medio está el público usuario, cuya seguridad económica y jurídica, queda a merced de la inoperancia y desconocimiento, tácitamente reconocido en su Artículo 14, cuando procede la habilitación automática por silencio administrativo de cinco días hábiles”, expresaron.
Además, reprocharon que el Gobierno habla con “total desconocimiento” de la contratación del transporte por medio de aplicaciones, cuando esta es solo la modalidad de convocar el servicio. Y agregaron: “Pero si así fuera, nada dice de la legalidad de éstas, llámese obligaciones de las empresas prestadoras: registración, responsabilidad civil y tributaria, dejando en una antojadiza nebulosa el millonario negocio que evade y fuga, impunemente, dinero a paraísos fiscales”.
Cabe destacar, que la medida gubernamental también crea un nuevo Registro Nacional del Transporte, permite el ingreso de empresas extranjeras y establece un nuevo régimen de acceso a puertos y aeropuertos para servicios de transporte.
En este marco, sostuvieron que el transporte regulado otorga al usuario confortabilidad, seguridad económica y jurídica en sus viajes. “Con este supuesto shock del liberalismo económico, pretenden tapar su inoperancia e impericia para resolver los problemas de la gente, sumiéndonos en un sálvese quien pueda”, concluyeron.
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