La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc), mediante un comunicado de prensa, denunció “despidos masivos e indiscriminados de profesionales en la administración pública encubiertos bajo las figuras de rescisión anticipada de contratos, no renovación de contratos u otras variantes igualmente ilegítimas y lesivas de legítimos derechos”.
Asimismo, sostuvo que tanto en el ámbito nacional como provincial la situación de despidos, en muchos de los casos “distorsiona y enmascara una relación de dependencia pública plena e incontrovertible, ya que ese personal realiza aportes previsionales a las Cajas del Estado y se encuentra sometido a los regímenes de empleo y/o disciplinarios del personal de planta permanente”.
En ese sentido, cuestionó la práctica de “precarización laboral mediante contratos” al entender que conforme a la ley «los contratos en el ámbito de la administración pública sólo debieran admitirse para cubrir necesidades eventuales o transitorias, que no puedan ser satisfechas a través de su personal de planta permanente”.
La titular de la Fepuc, Liliana Barbero, fue consultada a Télam sobre el tema y sostuvo que “la situación se repite tanto en el ámbito de la administración pública provincial como nacional”, y agrego que “la precarización laboral en el ámbito público es una práctica que viene desde hace varios años. Hoy genera incertidumbre en muchos profesionales”.
El texto emitido por la institución, que nuclea a los profesionales universitarios de Córdoba, sostiene que las cesantías alcanzan a “profesionales que pueden dar cuenta de sus intervenciones en el marco de las políticas públicas que estaban vigentes, algunos de ellos seleccionados a través de procesos rigurosos en los que participaron instituciones que integran esta Federación”.
“El despido de personal como forma de reducir los gastos del Estado no puede conducir a la violación de derechos adquiridos, pues con ello se avasallan legítimas aspiraciones de estabilidad y desarrollo laboral y profesional de los afectados, máxime cuando su súbita expulsión se produce sin indemnización ni compensación económica de ninguna naturaleza”, resaltó en otro de los párrafos.
En ese contexto, consideró que “el Estado debería ser ejemplo de acatamiento de las leyes y respetar y tutelar los legítimos derechos del personal que presta servicios, en todos sus ámbitos y dependencias”.
A partir de ese análisis, la Fepuc exhortó a las autoridades públicas competentes, en sus respectivos ámbitos funcionales, a producir la “urgente revisión y reversión de las ilegítimas decisiones adoptadas reincorporando los profesionales despedidos; desterrando, en lo sucesivo, la perniciosa práctica de ejecutar indiscriminadamente para luego revisar caso por caso”.