La APDFA que lidera José Silva propuso crear en el ámbito de la cartera de Transporte «una unidad funcional que estudie y diseñe políticas de ‘Sistemas Logísticos y Transporte’, originando en las Empresas de la Administración General de Puertos (AGP) y Ferrocarriles Argentinos una dependencia de similares características».
La 53° Asamblea Extraordinaria de Delegados del gremio de todo el país explicó que esa iniciativa generaría actitudes culturales desde la integralidad en la formación de técnicos y profesionales, y también sostuvo que la sanción de la Ley 27.132 de creación de los Ferrocarriles Argentinos constituyó «una herramienta capaz de aportar claridad, como paso de reordenamiento de los medios, al unificar a las empresas dispersas de la actividad».
«La intención expresa de determinar como ‘objetivo prioritario del país la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y carga, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías’ fue la mejor noticia y actitud hacia el sector que los trabajadores hayan escuchado en varias décadas», sostuvo el documento asambleario.
Los representantes de base añadieron en el escrito que esa normativa, aun en su faz de aplicación, debe ser celosamente observada por los trabajadores del riel para ser perfectible e indicaron que, para ello, hay que analizar «sus vacíos y proponer algunas correcciones, que no contemplan a todo el ferrocarril».
«Entre otras, la ausencia de un área de planificación estratégica de la red, reorientándola para cubrir los espacios más vulnerables del centro y sur del territorio nacional, y destacar el rol y capacidad industrial que otrora tuvieron los ferrocarriles, disponiendo la puesta en pie de los talleres», puntualizaron.
Para la APDFA, esos temas deben ser visibilizados y constituirse en un acicate para los análisis, discusión y propuestas de perfectibilidad que es preciso impulsar, exigiendo «el espacio de diálogo en el marco de la interrelación obrero-empresarial».
Indicó que la propuesta gremial (más abarcativa), contemplaba en un Consejo Asesor la integración de los representantes de los gremios del sector, usuarios, productores mineros y forestales, Institutos de Economía del Transporte, CONICET y toda otra estructura social y científica que integre el mundo ferroviario.
La organización señaló que los objetivos ferroviarios deben ser «la promulgación de las leyes 26.352 de creación de las empresas ADIFSE y SOFSE y 27.132 de la nueva Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, absorbiendo y conteniendo a esas dos compañías del Estado y al Belgrano Cargas y Logística S.A.».
«Es positiva la decisión de asumir para el Estado desde el Belgrano Cargas y Logística las líneas San Martín y Urquiza al haberse rescindido la concesión al Grupo América Latina Logística.
Ello, y las importantes inversiones en infraestructura y material rodante es un cambio de rumbo total en la política ferroviaria desde el proceso de concesionamiento de los ’90», indicaron.
También señalaron como objetivos la transformación de los trabajadores jerárquicos de la APDFA en garantes de la continuidad de esa política, lo que implica esforzarse para lograr una gestión eficiente del Estado, logrando así que las decisiones políticas y el plan aplicado con el marco legal establecido «se transforme en política de Estado, más allá de los vaivenes» nacionales.
El gremio propició que Ferrocarriles Argentinos incorpore en un nivel decisorio de primer rango y con relación jerárquica y funcional con cada una de las tres empresas que la integran «una Unidad de Planeamiento Estratégico para elaborar planes a mediano y largo plazo» y que «la redimensión estratégica de la red impulse el tendido de redes en los territorios australes ante la necesidad de movilizar las riquezas de la Patagonia y proveer a la defensa».
En ese sentido, propuso la construcción del Ferrocarril Transpatagónico y del Trasandino del Sur y, para ello, señaló la necesidad de decidir de forma urgente «la suspensión total de toda enajenación, concesión o transferencia de inmuebles y trazas ferroviarias e inmuebles portuarios por un año, hasta evaluar su potencialidad para desarrollar proyectos de transporte ferroviario, centros de transferencia intermodal o expansión de la actividad ferroviaria o portuaria», puntualizó la organización.