El fiscal con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires pidió que se cierre la causa que abrió la ministra Patricia Bullrich contra el dirigente de Pilotos Pablo Biró. Franco Picardi no encontró delito alguno en las declaraciones públicas del sindicalista pero la decisión final la tomará el juez Ariel Lijo.
El fiscal federal porteño Franco Picardi determinó que debe cerrarse por inexistencia de delito una denuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contra el secretario general de APLA Pablo Biró por supuestas extorsiones y amenazas a raíz de declaraciones periodísticas donde el piloto advirtió que la situación con Aerolíneas Argentinas iba a ponerse «mucho peor».
En un dictamen presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá tomar la decisión final, Picardi no impulsó la denuncia de Bullrich y advirtió que la actitud de Biró «lejos de exhibir un accionar ilícito, refleja la potencial utilización de herramientas legales por parte del representante del sindicato», porque en esas declaraciones también anunció su intención de recurrir a la Justicia, informaron fuentes judiciales.
El delito de amenaza debe implicar un peligro de daño futuro, grave y posible.
El fiscal interpretó que «nada de esto sucedió en el caso» y que los dichos de Biró se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión en medio de un conflicto gremial.
«Las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión -que incluye el de peticionar ante las autoridades-«, expresó el
fiscal. También recordó que se trata de reclamar por «derechos laborales y sindicales, todos de raigambre constitucional que, a la vez, forman parte del corpus del derecho internacional de los derechos humanos».
Picardi advirtió, por otra parte, sobre la judicialización de «conflictos de diversa índole» como los que reflejan «situaciones sociales».
«El derecho penal debe ser únicamente utilizado cuando existan elementos suficientes que lo tornen legítimo; y cuando se determine que es la herramienta que resolverá de manera eficiente
el conflicto de fondo», concluyó en su dictamen que ahora evaluará el juez Lijo.
Las declaraciones que derivaron en la denuncia fueron hechas por Biró en el marco del conflicto por Aerolíneas Argentinas. «Esto se va a poner mucho peor. Cuando digo mucho peor no me refiero a los alcances de lo dañoso que puede ser una huelga. Lo que digo es que el Gobierno está jugando todas las cartas, muy fuerte y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía«, dijo a la prensa el sindicalista.
Ante ello, el Ministerio de Seguridad lo denunció por lo que interpretó como supuestas extorsiones y amenazas.
En un comunicado difundido de manera posterior, el Ministerio detalló que la denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas por presunta «extorsión y amenazas» se presentó porque sus expresiones «generan serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolíneas Argentinas y en la seguridad de los pasajeros».
Además, el Ministerio sostuvo que esas expresiones «podrían ir más allá del ejercicio legítimo del derecho a huelga» y podrían ser «amenazas extorsivas».
La línea argumentativa es la misma que sostiene Patricia Bullrich desde su militancia empresarial con el Movimiento Empresario Antibloqueos, donde califican de «bloqueo» y «extorsión» a cualquier medida de fuerza que tomen los trabajadores o sus organizaciones gremiales. Asimismo, ponen en pie de igualdad a empleadores y empleados, cuando por definición no son iguales en recursos y, bajo ese principio, la justicia laboral protege a los trabajadores y existen las organizaciones sindicales.