Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, se expresó sobre el permiso que le otorgó el Gobierno Nacional a la empresa Oiltanking Ebytem para hacer trabajos de remolque con trabajadores europeos. «No se trata de un remolcador, se trata del principio de la desaparición de la flota nacional», sostuvo.
El permiso ya había sido polémica cuando se había presentado el pasado 21 de febrero, 5 días después de que zarpara el remolcador de altamar «ALP Striker», con bandera de Países Bajos y perteneciente a la mencionada firma, del Puerto de Las Palmas, en España. El mismo operará en el Puerto de Rosales, en Bahía Blanca, para recuperar la operatividad de la monoboya Punta Ancla.
Moreno destacó, en ese sentido, que el Gobierno «no entiende la importancia de mantener esta actividad al resguardo de la competencia de otras banderas» y que, de esta manera, «el cabotaje Nacional está en alerta por la apertura de los trabajos locales a empresas extranjeras». De esta forma, calificó que «el Secretario de Transporte firmó un certificado de defunción para el cabotaje nacional».
«Desde el sector marítimo venimos luchando hace años para una Ley de Marina Mercante, que cuando vio la luz en el Congreso el expresidente Mauricio Macri vetó los artículos que verdaderamente le daban impulso al sector», agregó el gremialista.
«Hoy Franco Mogetta le abre la puerta al mundo y nos lanza a una competencia que claramente vamos a perder», afirmó.
De todas formas, Moreno aseguró que «no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mirando cómo se llevan nuestro trabajo, vamos a constatar la real necesidad de usar ese remolcador y si vemos que fue un engaño, como lo sospechamos, vamos a ir a la justicia porque hay una clara violación a la Ley 19.492”. Cabe destacar que esa Ley establece en su Artículo 1 que “la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados únicamente por barcos argentinos».
«Tenemos los trabajadores más calificados de Latinoamérica, pero las empresas corren a otras banderas por la gran presión tributaria y porque están cansados de que se juegue sucio, como se está demostrando con este permiso, a medida de un negocio millonario», sentenció el Secretario General.
Además, agregó que la grúa argentina Magnus IX hizo este mismo trabajo en otras oportunidades y que «está sobredimensionada para los requerimientos que se pidieron en el permiso pero un punto, cuestionable hasta que se confirme en el trabajo de campo, la desplazó de la operación».
De acuerdo a Mariano Moreno, el Gobierno Nacional «dejó de lado la política de recuperación de la flota de bandera y esto congeló las inversiones en nuevos elementos». Desde el sector gremial aseguraron que el país «necesita de la flota para abaratar los fletes, para conectar al interior productivo con los puertos y para transportar el litio, el petróleo, los productos regionales del NOA y del NEA».