Gráficos denuncian despidos, amenazas y coacciones a empleados de Cartocor afiliados a la Unión Obrera Gráfica Cordobesa

La Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC) denunció persecución sindical contra los trabajadores de la empresa Cartocor SA, perteneciente al Grupo Arcor, ubicada en Villa del Totoral, Córdoba. Entre las afrentas enumeraron despidos discriminatorios, amenazas y coacciones. El sindicato llevó los reclamos ante la Justicia.

La organización sindical de trabajadores gráficos UOGC presentó denuncias penales y solicitó una medida cautelar ante la Justicia, como respuesta a una serie de acciones intimidatorias y represalias sufridas por los trabajadores de la empresa Cartocor SA, perteneciente al Grupo Arcor, ubicada en Villa del Totoral, Córdoba, desde marzo de 2024. Éstas incluyeron despidos sin causa, amenazas y coacciones hacia empleados afiliados al sindicato.

La denuncia subraya que la empresa se opuso sistemáticamente al reconocimiento de la condición de trabajadores gráficos para los empleados de la planta, incumpliendo una disposición de la Secretaría de Trabajo de la Nación que respalda este reconocimiento. La negativa a dialogar con los representantes sindicales derivó en un clima de persecución laboral, alcanzando su punto más álgido en agosto de 2024, con una serie de despidos a afiliados que la UOGC traduce en represalias.

Un punto clave en la denuncia es la conducta de la empresa al enterarse de que varios empleados se habían afiliado al sindicato. Según el comunicado, altos mandos de Cartocor, junto a una escribana, citaron individualmente a los trabajadores afiliados, presionándolos de manera violenta para que renunciaran a su afiliación sindical, bajo amenazas de despido. La UOGC señaló estas prácticas como una clara violación de la libertad sindical y un intento de quebrar la voluntad de los trabajadores y de la organización.

La denuncia penal recae entonces sobre los directivos de Cartocor, incluyendo al gerente general, al jefe de recursos humanos, y a la escribana que participó en los actos de coacción. La denuncia también incluye la solicitud de una medida cautelar que impida a la empresa continuar con estas prácticas intimidatorias y hostiles.

Finalmente, el sindicato notificó al Colegio de Escribanos de Córdoba sobre la denuncia penal contra la escribana implicada, quien habría facilitado y participado en las irregularidades mencionadas.