Trabajadores gastronómicos expusieron la existencia de listas negras que circulan entre dueños de distintos bares de la ciudad de Córdoba y la legisladora del FIT Noel Argañaraz presentó un pedido de informe en el Ministerio de Trabajo provincial.
Como en las peores épocas autoritarias, trabajadores gastronómicos de Córdoba capital denunciaron que los dueños de los bares tienen grupos de whatsapp para compartir nombres de quienes reclaman por sus derechos laborales. Ilegalmente condenan a quien allí figura a no conseguir empleo en la ciudad.
La Izquierda Diario publicó capturas de «Gastronómicos CBA», donde los empresarios difunden nombre, apellido, DNI y en ocasiones, la nacionalidad, especialmente cuando se trata de inmigrantes de Venezuela, de aquellos trabajadores y trabajadoras que consideran no deben ser contratados por nadie.
Sin eufemismos, la llaman «lista negra» y aseguran que la comparten «para tomar precauciones». Empezó como una enumeración en mensajes, pasó a ser un .pdf y ahora hay un archivo colaborativo en Google Drive, para que cualquiera pueda sumar a quien considere díscolo o que simplemente quiera que no consiga más trabajo, porque tampoco se dan «razones» para agregar personas.
Tras explotar el escándalo, salieron otras voces, como la de la bartender Ingrid Augsburger que dialogó con CBA24, a aclarar que esas listas ilegales existen hace años pero que ahora simplemente se filtraron. «Después de hablar de las listas negras en los medios me llegaron amenazas», agregó.
La legisladora del FIT Noel Argañaraz presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Trabajo provincial y declaró a La Izquierda Diario que “se ha hablado mucho de cómo fue afectado el rubro en la pandemia, pero no se dice nada sobre las condiciones laborales de sus trabajadores. La mayoría está en negro y si reclaman por sus derechos los despiden.»
Sobre el pedido de informe la legisladora afirmó “Creemos que el Ministerio debe intervenir inmediatamente, incluso hasta el INADI debería tomar cartas en el asunto ya que estamos ante actos de discriminación y persecución. Esto es ilegal y vulnera cualquier derecho laboral mínimo. Se debe investigar para saber quiénes confeccionan estas listas.»