El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC advirtió que se comenzaron a cerrar plantas de la industria frigorífica a causa de “la crisis del sector y el paro desarrollado por parte de los trabajadores enrolados en ATE”. En este contexto, los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y sus Derivados del Gran Buenos Aires y Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires (SICGBA) se pronunciaron «en estado de alerta y movilización».
El gremio convocó a un plenario de delegados por formalizar la medida y sumarse a los trabajadores de SENASA y a las acciones que proponen los pequeños y medianos productores agropecuarios, que harán una movilización el 17 de este mes.
Efectivamente, como ya informara este portal, los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llevan a cabo medidas de fuerza reclamando por la precarización laboral, el 82% móvil jubilatorio para todos los trabajadores del sector y terminar con la privatización de las funciones indelegables del Estado nacional. Además, exigen apertura de la paritaria sectorial y la equiparación de salarios con organismos como AFIP, Migraciones y aduana.
Los bonaerenses de SICGBA, por su parte, adelantaron que propondrán «una marcha en conjunto a la Secretaría de Comercio y al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, con el objetivo de lograr las medidas necesarias para frenar esta grave crisis».
Desde el sindicato se mostraron muy críticos, cuestionaron al presidente de la Cámara Empresaria ABC, Mario Ravettino, a Ricardo Bruzzese del Programa Carne Para Todos y al secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, José Alberto Fantini, a quienes acusó de «apoyar incondicionalmente primero al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y hoy a su sucesor, Augusto Costa, que con sus acciones ayudaron al cierre de 136 frigorífico y al despido de 21.000 trabajadores».
Según sus cálculos, el saldo «hoy, finalizando el mandato de este gobierno, nos terminan dejando 7.500 suspensiones, 3.500 despidos programados y 1.000 retiros voluntarios, todo a consecuencia de mantener políticas interventoras y subsidiadas del gobierno nacional».