La primera arista de la política de Cambiemos para los trabajadores fue «un ajuste salarial» con una «pérdida del poder adquisitivo del salario programada», explica Matías Cremonte, Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), respecto de su evaluación del año inicial de gestión de Mauricio Macri. Además remarcó que el macrismo «llevó la idea de libre mercado al mercado de trabajo» y disparó: «lo que la justicia piensa de quien debe ejercer el derecho de huelga, en la realidad de la conflictividad de nuestro país es anecdótico».
El también abogado de ATE y Aceiteros conversó con InfoGremiales en el marco de las jornadas de la AAL, que por estas horas reúne a abogados laboralistas, jueces y sindicalistas en Mar del Plata, y habló del perfil de los proyectos del macrismo para el mercado laboral, de las herramientas de los trabajadores, del rol de los abogados, de la criimnalización de la protesta y del papel del movimiento obrero para enfrentar un horizonte de flexibilización.
¿Cuál es la primera evaluación que hacés del perfil de los proyectos laborales que impulsa Cambiemos?
Hay un primer panorama que tiene que ver con la política del nuevo Gobierno que remite a un ajuste salarial. El primer cambio que veo no es formal, sino en la política de ingresos. Con un deliberado aumento de la inflación (por la devaluación y por la liberalización de la posibilidad de trasladar o fijar precios de los comerciantes, productores y las empresas en general), una pérdida del poder adquisitivo del salario programada y ni hablar de los tarifazos. Las paritarias fueron por atrás de todo eso. Creo que el signo fue el ajuste en los salarios y en la política de ingresos.
El complemento de esa política fue el fantasma del desempleo como un factor de disciplinamiento. Fantasma que en términos generales se concreta en la ola de despidos y se hace realidad en los varios cientos de miles de despidos en el Estado y el sector privado. Hubo una zona liberada para despedir que generó en una disminución del mercado de trabajo y un disciplinamiento plasmado en el temor de perder el empleo.
¿Esa zona liberada se podría haber limitado con la ley antidespidos?
La formalidad en lo que se hizo hasta ahora fue el proyecto de ley Pyme, proyecto de reforma de ART, Ley de Primer Empleo. Todo eso conforma un esquema normativo de empezar a flexibilizar el mercado laboral. Lo que justamente buscaba contraponer esto era una ley que suspenda la posibilidad de despedir. Hubiera sido interesante que se apruebe esa ley y de hecho se aprobó. Mejor dicho, hubiera sido interesante que no se haya vetado esa ley en el esquema del mundo normativo.
«La mayor herramienta que existe contra los despidos son las propias defensas del movimiento obrero»
Más allá de la ley antidespidos
También es cierto, más allá del veto, que la mayor herramienta que existe contra los despidos son las propias defensas del movimiento obrero: la huelga, la conflictividad, enfrentar los despidos. De hecho gran parte de esa ola de despidos se aminoró porque se pudo revertir con la conflictividad social. Sobre todo la que estaba vinculada a decisiones políticas empresariales.
Hubo otras que se vieron «obligadas» y
fueron más difíciles de enfrentar porque el sólo hecho de “flexibilizar» la política de importaciones, por ejemplo, hizo que haya productos que se dejen de producir acá, o se produzcan menos, o que no se produzcan y se venda el stock que existía. Y eso permitió suspensiones, despidos. Que aunque no los justifica fueron parte de una política de shock que se implementó con el cambio de gobierno.
¿Además del aumento del conflicto colectivo, vuelven a funcionar los retiros voluntarios como herramienta para ajustar como sucedió en una primera etapa en los 90?
El tema de los retiros voluntarios tuvo su mayor preeminencia en el Estado en los 90. Y eso no existió. Y no existió porque no fue necesario. La mayor cantidad de empleados públicos en los 90 era de planta permanente y se requería de su “voluntad” para achicar. A diferencia de eso, la gran mayoría de trabajadores del Estado despedidos por el macrismo fue gracias a la precarización preexistente. Fue aprovechándose de la precariedad del empleo anterior.
No tengo estadísticas o datos de que haya habido una ola o un plan sistemático de retiros voluntarios en el sector privado. Que los hubo, los hubo, no se en qué medida se trató de algo general. Sí de lo que se habla es de despidos y con respuestas colectivas y muchas los revirtieron
«Cambiemos llevó la idea de libre mercado al mercado de trabajo»
¿Estas intervenciones del Gobierno en el mercado laboral, apuntan a un cambio en la relación de fuerza entre el Trabajo y el Capital?
Entre el Capital y el Trabajo hay una relación de tensa conflictividad permanente. El conflicto es inherente a la relación entre el Capital y el Trabajo. Puede haber períodos mayores o menores, pero sin duda en la magnitud de la intervención del Estado se vislumbra que haya más libertad en esa conflictividad.
De algún modo el Estado, fiel a una ideología liberal, llevó la idea de libre mercado al mercado de trabajo. No hubo ningún tipo de limitación a los despidos, no hubo ningún tipo de limitación a las suspensiones. Sí hubo limitaciones a la conflictividad. Sí hubo, en algunos lugares, marcada represión. Tampoco a gran escala.
¿Por lo tanto tampoco ves una creciente criminalización de la protesta laboral?
La criminalización del conflicto social, de la protesta, de los conflictos sindicales, siempre es una de las primeras respuestas patronales. La característica más importante del sistema capitalista es la propiedad privada, y lo primero que piensa el empleador ante un conflicto es que está perdiendo la propiedad de su empresa, la “propiedad” de sus trabajadores (porque él compra esa fuerza de trabajo). Eso genera siempre un temor atávico y ancestral, y hay mucha tendencia a la denuncia por usurpación, por bloqueo, por impedimento de acceso, por coacción, por violencia, por daños. Pero esa tendencia es histórica. Y la tendencia del aparato estatal a darle curso a esa denuncia siempre existió.
También debemos decir, y lo escuchábamos en las jornadas, que si uno analiza los casos finalmente en las 
sentencia no hay condenas. La tendencia que se mantuvo desde el regreso de la democracia, hasta ahora, fue judicializar, abrir una causa, imputar, llevar a juicio, pero no hay grandes condenas por ejercicio de derechos sindicales y colectivos afortunadamente. Pero esto fruto de las defensas y de la presión social. Aunque si hay casos paradigmáticos de la arbitrariedad judicial como el de Emilio Alí o el de Milagro Sala.
¿En el accionar de las fuerzas represivas en los conflictos se vislumbra algún cambio?
Que las fuerzas de seguridad tienen más libertad para actuar en la represión, no tengo dudas. Se ve sobre todo frente a la pobreza, frente a la delincuencia, con lo que ocurre en las villas. Pero frente al conflicto sindical lo primero que se intentó hacer fue el protocolo de Patricia Bullrich y no lo pudo aplicar. Se legalizó incluso, pasó a ser una “norma”, y la primera vez que lo quiso aplicar en una movilización de ATE, no pudo. Cuando la relación de fuerzas no da para que el aparato represivo avance, no hay mucho margen. Esto marca que hay una situación general que, más allá de la intención política del Gobierno, demuestra que hay cosas que no se pueden hacer.
«Lo que la justicia piensa de quien debe ejercer el derecho de huelga, en la realidad de la conflictividad de nuestro país es anecdótico»
¿Pensás que el fallo de la Corte que limita el derecho de huelga va a reducir la capacidad de los trabajadores, fundamentalmente de los no agremiados, de pelear por sus derechos?
No, en la realidad no. Porque lo que la justicia piensa de quien debe ejercer el derecho de huelga, en la realidad de la conflictividad de nuestro país es anecdótico. Su aplicación concreta se limita a la reducida cantidad de casos que llega a judicializarse. Para los que lleguen a la Justicia va a ser un problema. Pero, vale la pena recordarlo, la jurisprudencia anterior a esta de la Corte de hacía 20 años era incluso más restrictiva: decía que la huelga la podía hacer el sindicato con personería gremial.
Al margen, el fallo es desasatroso. Es indefendible. Sobre todo porque viene después de una ola de fallos que, de algún modo, se enmarcan en una jurisprudencia progresista y «garantista», del derecho social. Sorprendió por lo regresivo.
Obviamente es preferible al momento de ejercer el derecho de huelga, hacerlo en un marco de legalidad, en el marco de un estado de derecho, en un marco no represivo. Pero ir a momentos más restrictivos o momentos más represivos, no implica que automáticamente se anule la conflictividad. Ese viejo anhelo de querer por una ley, o una sentencia, anular la conflictividad social no existió nunca, ni va a existir nunca.
En las jornadas se remarca insistentemente la relación entre abogados laboralistas y el mundo sindical ¿Qué desafíos le plantea a los laboralistas el Gobierno de Mauricio Macri?
Muchos. Porque si bien afirmamos desde la Asociación de Abogados Laboralistas que nuestro rol es acompañar las luchas de los trabajadores y de sus organizaciones, el marco normativo en el cual se desenvuelven esas luchas, de algún modo, es nuestra tarea. Hacer que se desarrollen en libertad, defenderlas cuando son atacadas o restringidas, o cuando se judicializan, o cuando se vienen políticas regresivas, es nuestro rol en la defensa. Pero no sólo en los tribunales, también en concientizar a los trabajadores y los sindicatos, en cuanto a que en la agenda de las luchas debe estar también la no pérdida de derechos sociales en términos formales.
¿Ves la flexibilización laboral en el horizonte?
No creo que sea tan fácil ni pronto, pero que está en el programa de Gobierno, está. No soy quien para atribuirle a los herederos de Bartolomé Mitre ser los ideólogos del programa económico y social del Gobierno, pero no tengo dudas de que muchas de las aspiraciones de Cambiemos se reflejan en las editoriales de La Nación. No va a ser fácil hacerlo, porque la sociedad ha luchado y no lo ha permitido en otras ocasiones. Que lleguen a plasmarlo o no, dependerá de la resistencia que den los trabajadores.