Los trabajadores del sector agroindustrial agrupados en la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación Aceitera (Ftciodyara) ratificaron este miércoles el paro por tiempo indeterminado que mantiene paralizados desde hace quince días todos los puertos exportadores del sector agroindustrial en la región de San Lorenzo, Timbúes y Puerto San Martín.
La protesta de los aceiteros, a la que se sumaron en forma solidaria el martes los gremios de la Intersindical Marítima y Portuaria del Gran Rosario, mantiene suspendidas las actividades del Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, Cofco, Molinos y Aceitera General Deheza, todas empresas agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara).
En un conflicto cada más tenso, el Ministerio de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia de conciliación –la número 17, según fuentes de la cartera laboral- que tendrá lugar el martes 29 a las 11 en la sede de Leandro N. Alem 650.
La protesta de los trabajadores aceiteros seguirá en los próximos días, incluso durante la Nochebuena y el 25 de diciembre. «La intransigencia de las patronales agroexportadoras continúa luego de 15 días de paro ininterrumpido por la negativa a completar la pauta salarial y de otorgar un justo incremento para 2021. Las cámaras sólo procuran el disciplinamiento del personal y la desestabilización del gobierno», denunciaron las organizaciones que decretaron el paro.
«Las patronales presentaron una propuesta de aumento a los aceiteros que no recompone los salarios de este año y es escalonada durante 8 meses y no remunerativa», cuestionan desde las tres organizaciones que llevan adelante el paro.
En diálogo con Télam, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, confirmó que el martes próximo asistirán a la nueva audiencia de conciliación convocada por la cartera que encabeza Claudio Moroni. También estarán presentes los representantes de las empresas, entre ellos Gustavo Idigoras, presidente de CIARA.
«Hasta ahora. las cámaras patronales no han tenido la intención de arreglar el conflicto. Son empresas de alta rentabilidad, con súper ganancias durante veinte o treinta años. El gobierno debería exigirles que presenten los balances, como lo establece la ley de negociaciones colectivas, y entonces el gobierno se daría cuenta de lo que ganan y les exigiría que se sienten a negociar», aseguró Yofra.
Los reclamos de las organizaciones gremiales no difieren demasiado de los planteados y aceptados por las empresas en años anteriores, lo que refuerza la teoría de la puja patronal para presionar al Gobierno Nacional es beneficios estratégicos para ese sector empresarial.