Se cerró la causa conocida como «Fuentealba II» en la que se investigaban las responsabilidades conexas en la represión donde fue asesinado el docente Carlos Fuentealba, siendo sobreseídos los 15 acusados de ser responsables intelectuales por la muerte del docente Carlos Fuentealba, ocurrida en abril de 2007.
La medida también beneficia al ex gobernador Jorge Sobisch, porque el abogado por las hijas de Fuentealba pretendía su imputación. Caído en desgracia con el crimen del maestro, Sobisch fue un permanente aliado político del PRO de Mauricio Macri.
Fuentealba había sido militante del MAS, y luego del Nuevo MAS, se encontraba entre los cientos de docentes que entonces reclamaban por sus condiciones de trabajo, cuando una represión policial se salió de control y se cobró la vida del profesor de 40 años y dos hijas.
Ayer la jueza Carina Álvarez hizo lugar al pedido de la defensa que planteó el sobreseimiento de los 15 imputados por el vencimiento de los plazos fatales que determina el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este fue el mismo argumento por el que se sobreseyó a los condenados en la estafa al Banco Provincia de Neuquén, conocida como la causa «Temux».
Gustavo Lucero, uno de los defensores de los policías acusados, fue quien solicitó la caducidad de la causa. El fiscal Andrés Azar también había pedido el sobreseimiento a todos los imputados pero por la falta de pruebas en su contra. Por su parte, el abogado querellante Gustavo Palmieri, que representaba a la familia del docente, planteó que la causa no podía considerarse caducada dado que remarcó que se trata de un delito cometido por el Estado y que por ende es una excepción al plazo fatal.
La jueza argumentó además que se trató de un crimen particular y que no consistió en un “crimen institucional por violación a los derechos humanos”: «En dicha sentencia quedó determinado que aquel Homicidio importó un obrar particular, de un efectivo de la fuerza policial provincial, pero que en nada configura un plan organizado, y que él y sólo él abusó de su función, tal es así que la sanción penal fue agravada, imponiéndosele prisión perpetua», concluyó.
El próximo paso podría ser la apelación ante el Tribunal de Impugnación.