Se trata de 6 delegados petroleros que encabezaron una protesta en un yacimiento en 2020. La justicia los condenó a 1200 horas de trabajo comunitario. Los acusan de haber generado un perjuicio millonario en medio de una protesta por la reincorporación de unos 10 compañeros despedidos.
El fiscal jefe que llevó la causa, Gustavo Herrera, reconoció que no estaba de acuerdo con la salida alternativa para seis delegados petroleros de Catriel que eran investigados por coacción en un yacimiento petrolero. La causa se inició en 2020 y recién la semana pasada se cerró con una suspensión de juicio a prueba.
El fiscal que estaba en las puertas de llevar por primera vez a sindicalistas del sector petrolero a una juicio oral y público. Además reconoció que el trabajo de la querella y la defensa fue clave para resolver el conflicto.
«Todos este acuerdo tiene una finalidad que es lograr la paz social, entre ustedes el sindicato y la empresa. El objetivo es que esto no se vuelva a repetir. Vamos aceptar un acuerdo para que esto quede como una regla general de que no se vuelva a repetir», indicó en la audiencia que presidió la jueza Alejandra Berenguer y que relató el Diario Río Negro.
Además de las ordinarias pautas de conductas que se disponen en una suspensión de juicio a prueba, los seis imputados deberán realizar (o pagar) 1.200 horas de trabajo comunitario y la compra de materiales para reparar la vivienda donde funciona la brigada de investigaciones de Catriel.
Los seis imputados dieron conformidad al acuerdo que deberán cumplir las pautas por el plazo de tres años. Si lo hacen, en 2026 quedarán sobreseídos de la persecución penal.
En la audiencia, Herrera leyó el acuerdo que en primer lugar se trató de un compromiso de sindicato de Petroleros Privados de no realizar nuevos bloqueos a la empresa Petróleos Sudamericanos (PS), víctima y querellante en este proceso penal «sin que ello represente una renuncia al ejercicio de los derechos sindicales que son de carácter irrenunciable».
La empresa se comprometió a no promover acciones civiles por los hechos que se investigaron.
Los imputados ofrecieron como reparación económica por el daño causado el arreglo de la sede de la Brigada de Investigaciones en Catriel con la suma de 200 horas de trabajo comunitario por cada delegado. El abogado defensor Marcelo Hertzriken Velasco dejó establecido que esta tarea será realizada por profesionales, pero que los imputados pagarán.
El hecho ocurrió el 21 de julio de 2020 cuando se produjo un incidente en el bloque que opera PS por un conflicto gremial. El sindicato pretendía que la operadora reincorporarse a 10 operarios de la firma AESA que habían sido desafectados.
En las vísperas de la primera ola de covid en la región, los imputados irrumpieron el yacimiento Medanito, ubicado a 30 kilómetros de Catriel, y generaron una serie de acciones que pusieron en un «grave riesgo» el medio ambiente. El incidente dejó sin energía el área por 36 horas. La estimación es que el conflicto generó un impacto de 7 millones de pesos.